Los cuatro casos forman parte de investigaciones del MP, pero se espera que se presenten nuevos requerimientos
Después de anunciar la presentación de una denuncia por corrupción en manejo de fideicomisos creados durante la administración anterior, el ministro de Finanzas, Marlon Ochoa, llegó al Ministerio Público para señalar que los fondos fueron usados de la Tasa de Seguridad, el Instituto de la Propiedad (IP), Invest Honduras y el programa de bonos Vida Mejor.
En un período de 10 años, en la Tasa de Seguridad o “Tasón” se gastaron 30.000 millones de lempiras, en el Programa Vida Mejor 38.000 millones, en el programa SITEC del IP 19.000 millones y en Invest H, alrededor de 8.500 millones de lempiras, es decir 95.500 millones de lempiras.
Los cuatro casos ya cuentan con procesos judiciales en curso, (Ebal Díaz en el IP, Francisco Roberto Cosenza-extraditado a EE UU- en el Tasón, o Marco Bográn sentenciado por Invest H), pero Ochoa sostuvo que encuentraron nuevas evidencias contras esos y otros ex funcionarios, así como empresas privadas, ONGs, y funcionarios de la actual administración, como es el caso del IP, con el director Darío García.
“Representantes del Consejo Hondureños de la Empresa Privad (COHEP), el Foro Nacional de Convergencias, FONAC y un representante de la Presidencia de la República, ejecutaron alrededor de 30.000 millones de lempiras entre 2012, 2022 de forma secreta, sin ningún control institucional y al margen de la ley de contratación del Estado”, acusó.
El proceso de revisión de este fideicomiso de Tasa de Seguridad se encontró “130 contratos sobrevalorados, sin liquidación o ejecutados fuera de la naturaleza del fideicomiso, entre los que se incluye la compra del avión presidencial, alquileres de helicópteros, la compra de 4,000 vehículos de patrulla, la compra de cámaras de seguridad y escáneres en los aeropuertos, boletos a conciertos, bebidas alcohólicas, viajes por turismo”.
Y, además, se pagó una tarjeta de crédito asignada al director del fideicomiso (Francisco Cosenza), cuyos montos totales no contamos con documentación ni liquidación, pero si está plenamente probado que el límite de uso mensual era de 50.000 dólares. El Sistema Nacional de Emergencias 911, financiado bien por el fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional, adjudicó un contrato de cámaras de seguridad por más de 4.000 millones de lempiras que trascendía dos períodos de gobierno sin ser aprobado por el Congreso Nacional.
Además de los fondos provenientes de la Tasa de Seguridad, el fideicomiso contrató en el año 2019 a una tasa de interés de hasta el 12% a la fecha de su liquidación, sin tener las facultades constitucionales ni legales, “contrajo deudas por 3,766,994,617 lempiras con 0,38 centavos con cinco bancos nacionales”.
Caso IP involucra actual gobierno
“El Fideicomiso SITEC del Instituto de la Propiedad, constituye el principal símbolo de corrupción público privada dentro de esta modalidad creada por la red a través del Congreso Nacional para administrar los fondos públicos como si fueran hacienda particular, saqueando el erario público y violando impunemente la Constitución de la República, la Ley Orgánica del Presupuesto y la Ley de Contratación del Estado”, apuntó.
Se dilapidaron entre 2015 a 2022 alrededor de 19.000 millones de lempiras.
En este fideicomiso, entre otros proyectos que sirvieron para drenar fondos del erario público se creó la Unidad Especializada Ejecutora de Proyectos dentro del IP que promovió la construcción de casas chatarras en el ya conocido corrupto proyecto Morazán como las casas contenedores en Lomas del Diamante en un terreno en disputa.
A iniciativa de la Presidenta Xiomara Castro, el Congreso Nacional liquidó este fideicomiso, sin embargo, “desacatando el mandato durante la administración del abogado Darío García, quien asumió la efectiva del IP a partir del 2022 y sin contar con su consejo directivo, quienes no reportaron a la SEFIN más de 3,000 millones de lempiras en la Unidad Coordinadora de Proyectos del IP mantuvo en cuentas bancarias (dos bancos)”.
“Desde estas cuentas desembolsaron millones de lempiras entre junio de 2022 y mayo de 2023, al margen de la ley, sin transparencia, sin registro y sin informe a la Caja Única del Tesoro como mandaba el secreto legislativo de liquidación y su reglamento”, agregó.
El fideicomiso fue creado con la finalidad de lograr la transformación digital del Instituto de la propiedad, incluyendo el mantenimiento del Sistema Nacional de Administración de la Propiedad, suministro de placas vehiculares y la digitalización del registro propiedad vehicular, pero contrario a su finalidad fue desviado a través de ONG.
Y empresas constructoras contratadas para financiar obras sociales, compras de estufas, insumos para salones de belleza, freidoras, máquinas para hacer pollos, pavimentación de calles, canchas deportivas y viviendas, sin ningún procedimiento de transparencia e incluso realizó transferencias a otros fideicomisos como el fideicomiso de inversiones y asignaciones como uno de BANADESA del cual se desapareció su documentación.
Entre marzo y junio de 2022 la Unidad Coordinadora de Proyectos Felipe contrató dos ONG por un monto de más de 150 millones de lempiras, sin que se haya entregado a la SEFIN un informe de liquidación de dicho fondo, la Fundación Integral para el Desarrollo de Honduras por 122.5 millones de lempiras, contratada el 08 de marzo de 2022 y la Asociación ayudando con amor por 39.5 millones de lempiras. Esta última fue contratada el 20 de junio de 2022, cinco días después de que se había ordenado la liquidación del fideicomiso.
Vida Mejor
Tres el fideicomiso de Vida Mejor constituido en una cuenta especial del Banco Central de Honduras, ejecutó entre 2014, 2022 más de 38,500 millones de lempiras, monto que se origina en el decreto legislativo que aumentó el impuesto sobre ventas del 12% al 15%, violentando el principio constitucional que prohíbe la creación de impuestos dedicados a fines específicos y desconociendo la caja única del tesoro.
“Los fondos de este fideicomiso fueron transferidos a más de 500 ONG, la mayoría de sospechoso origen y manejo, vinculadas a directivos y funcionarios del régimen post golpe de estado, los estados financieros e integración de estas ONG deben encontrarse en la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles, de la Secretaría de Gobernación y Justicia, instancia obligada a investigar el origen y destino de estos fondos, en su gran mayoría estos fondos no han sido liquidados y devueltos al Estado”, declaró.
Cuatro el fideicomiso INVEST-H constituido en Bac Credomatic, ejecutó entre 2018 a 2022 más de 8.500 millones de lempiras provenientes de los impuestos a los combustibles, utilizando la figura del fideicomiso se cometió el fraude de la compra de los hospitales móviles chatarra por más de 1.100 millones de lempiras, sin estar legítimamente autorizado por la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Presupuestos para endeudarse a nombre del Estado de Honduras el fideicomiso contrajo deuda pública por más de 3.000 millones de lempiras.
“La documentación de respaldo de gran parte de los gastos erogados en el fideicomiso fue destruida y los servidores en que se alojaban la información sobre el fideicomiso fueron borrados, las huellas dejadas por estos crímenes en diferentes ubicaciones y registros físicos y electrónicos deben ser levantadas de manera inmediata por el Ministerio Público”, exigió el funcionario.
Ochoa señalo que las empresas beneficiadas por “contratos de dedo” reclaman derechos ante tribunales de arbitraje, sin perjuicio que de la revisión de cada acto de contratación se obtengan las evidencias para definir los crímenes y delitos de corrupción público privada. El funcionario entregó oficios, resoluciones, actas de comités técnicos, informes de liquidación, transferencias y listado de empresas y ONG contratadas por los fideicomisos como evidencias que demuestran los hechos, apuntó.
