Francisco Cosenza sería extraditado por sobornos de $10 millones en compras para la Policía

Francisco Cosenza se encuentra detenido en instalaciones de la Policía

El ex administrador de la Tasa de Seguridad, fue capturado por la Policía Nacional

Tras el anuncio policial de la captura del ex administrador de la Tasa de Seguridad Poblacional, Francisco Roberto Cosenza, el gobierno de Estados Unidos espera la pronta extradición de quien suponen responsable de tres delitos cometidos entre 2015 y 2019.

A Francisco Roberto Cosenza Centeno por orden de extradición pendiente, por suponerlo responsable de: 1) Conspiración para cometer lavado de activos, 2) lavado de activos, 3) transacciones derivados de actos criminales”, detalló Sánchez.

Pero, ¿Por qué lo acusa EE UU?

Aunque la Tasa de Seguridad ha sido cuestionada en el país, no existen acusaciones en contra de Cosenza. Sin embargo, en Estados Unidos, el fiscal del Distrito Sur de Florida, Markenzy Lapointe, presentó una acusación contra tres personas, incluido Francisco Cosenza, por su “presunta participación en un plan internacional para pagar y ocultar sobornos a funcionarios del gobierno hondureño para obtener contratos para proporcionar uniformes y otros bienes a la Policía Nacional de Honduras“.

Según documentos judiciales, Carl Alan Zaglin, de 68 años, es propietario de una compañía donde confeccionan de uniformes y accesorios policiales con sede en Georgia, e hizo su comparecencia inicial ante un tribunal federal en diciembre; Francisco Roberto Cosenza Centeno, de 65 años, es el ex Director Ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, una entidad gubernamental hondureña que adquiría bienes para la Policía Nacional de Honduras; y Aldo Néstor Marchena, de 50 años, era residente de Boca Ratón, Florida”.

Entre marzo de 2015 y aproximadamente noviembre de 2019, Zaglin, Marchena y otros supuestamente acordaron sobornar a funcionarios del gobierno hondureño, incluido Cosenza, para obtener contratos con la Tasa de Seguridad Poblacional “por un valor de más de $10 millones“.

A cambio de los sobornos, Cosenza y otros funcionarios del gobierno hondureño supuestamente ayudaron a Zaglin, Marchena y otros a obtener contratos para la venta de uniformes y otros bienes para la Policía Nacional de Honduras y a asegurar el pago de los contratos.

Zaglin, Marchena y sus cómplices supuestamente utilizaron las ganancias de los contratos corruptos del gobierno hondureño para pagar sobornos a funcionarios del gobierno.

Para promover el plan y ocultar los pagos de sobornos, Zaglin, Marchena, Cosenza y otros, supuestamente lavaron las ganancias a través de cuentas bancarias y empresas fachada en Estados Unidos y Belice.

Como se alega en la acusación, “los conspiradores enviaron más de $166.000 a cuentas bancarias controladas por Cosenza y otro funcionario extranjero hondureño para promover el plan”.

Todos los implicados están acusados de conspiración para cometer lavado de dinero. Cosenza y Marchena además están acusados cada uno de otro cargo de lavado de dinero y un cargo de participar en transacciones con propiedad derivada de delitos. Zaglin y Marchena también están imputados de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), señaló la oficina de Lapointe.

Si son declarados culpables, los acusados enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión por cada uno de los delitos de lavado de dinero, 10 años de prisión por el cargo de participar en transacciones con bienes derivados de delitos y cinco años de prisión por cada uno de los delitos relacionados con la FCPA.

La oficina de HSI en Miami está investigando el caso, con la ayuda de la oficina de HSI en Atlanta, Georgia.

El ex administrador de la Tasa de Seguridad, declaró el pasado 14 de diciembre que iba a presentarse ante los tribunales de justicia de los Estados Unidos.

Cosenza reveló que sus acciones administrativas las realizó cumpliendo órdenes de los miembros del Consejo de Seguridad que incluyen al ex presidente, Juan Orlando Hernández, el ex presidente de la CSJ, el Jefe de las Fuerzas Armadas, el Fiscal General y el Presidente del Congreso Nacional, quienes firmaban las decisiones por compras de armas, vehículos y de radares, entre otras.

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