Congreso con la peor nota en transparencia y la segunda más baja en presupuesto, en ranking latinoamericano

La gestión legislativa latinoamericana en 2023

El Congreso Nacional de Honduras, resultó el peor evaluado en transparencia y el segundo peor calificado en presupuesto y gestión, según el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa (ILTL) 2023 de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa.

El ranking evaluó a los Congresos de 14 países de América Latina en temas de normatividad, presupuestos, labor parlamentaria y participación ciudadana.

Honduras resultó ser el país que peor evaluación sacó en el ranking con un promedio de transparencia del 23,59 por ciento, según el análisis con la participación de 22 organizaciones de la sociedad civil.

El indicador más preocupante es el de Presupuesto y Gestión Administrativa, el Congreso Nacional hondureño solo logró un 10,51 por ciento, en un informe midió el período de enero a agosto del 2023. Panamá tuvo la peor posición regional con 9,8%.

“El Congreso Nacional realiza una publicación mensual de la ejecución presupuestaria, aunque esta carece de desagregación, omitiendo información relevante como los gastos en alimentación durante las reuniones, acciones de comisiones ordinarias y extraordinarias, entre otros”, indica el informe.

Además, desglosa que el Congreso no publica los gastos ejecutados por las bancadas o grupos parlamentarios y tampoco se conoce el porcentaje del presupuesto que se ejecuta en las comisiones o grupos parlamentarios.

Los problemas del Congreso

El Congreso Nacional de Honduras no cuenta con una Ley específicamente sobre la transparencia y acceso a la información pública. Si bien el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece criterios adicionales que debe publicar el Congreso Nacional, no existe normativa alguna respecto a temas puntuales como la publicación de la asistencia de los y las diputadas del Congreso Nacional o la publicación del ciclo de creación de un proyecto de Ley.

Tampoco existe normativa que regule la calidad de información que es publicada y enviada a través de solicitudes de información ni normativa nacional referente a la adopción del parlamento abierto o de datos abiertos.

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