El gobierno de Nicaragua anunció hoy viernes que inició el proceso para desvincularse de la Organización de Estados Americanos (OEA), luego de que el organismo hemisférico desconociera y cuestionara con dureza las recientes elecciones ganadas por el presidente Daniel Ortega.
La medida, anunciada por el canciller, Denis Moncada, es en respuesta a una resolución aprobada el martes por el parlamento del país centroamericano, de mayoría oficialista, en la que los legisladores pidieron al mandatario denunciar la Carta Democrática de la OEA para sacar al país del grupo.
“La OEA está diseñada como un foro político diplomático que nació por influencia de Estados Unidos, como instrumento de injerencia e intervención”, afirmó Moncada en una rueda de prensa para justificar la decisión.
La semana pasada, el ente multilateral declaró ilegítimas las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua, donde Ortega fue reelegido para un cuarto mandato consecutivo, en medio de duras críticas de la comunidad internacional por la detención previa de varios de sus contrincantes.
Moncada denunció que la OEA ha actuado contra su país y consideró que “tiene como misión facilitar la hegemonía de los Estados Unidos con su intervencionismo sobre los países de América Latina”.
Aunque la salida de Nicaragua de la OEA es un gesto meramente político, algunos analistas aseguran que dejaría aún más aislado a Managua, mientras crece la presión de varias naciones.
El lunes, Washington anunció nuevas sanciones contra funcionarios del gobierno de Ortega y la fiscalía del país, como parte de una estrategia de presión conjunta con Canadá y el Reino Unido, que también informaron de restricciones y castigos para las autoridades nicaragüenses en sus jurisdicciones.
En abril de 2017, Venezuela, un aliado de Nicaragua, solicitó formalmente salirse de la OEA en respuesta a lo que el gobierno izquierdista del país petrolero consideró una “injerencia” del organismo hemisférico en sus asuntos internos.
El proceso de retiro, que toma unos dos años, se vio interrumpido cuando el Parlamento -en ese entonces de mayoría opositora- nombró a su representante ante la OEA, quien, desde entonces, ha asistido a las sesiones del organismo, una decisión criticada por Caracas y sus aliados.
