Ejecutivo promete mandar a un dividido Congreso reforma a Ley de Energía

La presidencia asegura que ya se mandó la reforma al Congreso

La Ley prohíbe que cargar a una categoría de usuario los subsidios

La Presidenta Xiomara Castro anunció que remitió al Congreso Nacional una reforma a la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), con el objetivo de dar un subsidio a un millón 335.000 clientes de la ENEE que consumen hasta 150 kilovatios hora al mes.

“El decreto para reformar la Ley General de la Industria Eléctrica, para que 1 Millón, 335 mil familias en pobreza tengan energía gratis [ – 150 Kwt.] lo enviaré este día para su aprobación al Congreso Nacional”, tuiteó la mandatario en su cuenta personal.

El ex presidente, Manuel Zelaya Rosales, esposo de la presidenta, dijo en su cuenta de twitter: “no podíamos creerlo La Ley Marco del Sub Sector Eléctrico prohíbe que se subsidie a los pobres”.  

Sin embargo, esa aseveración es falsa ya que la LGIE permite los subsidios a través de transferencias desde la Secretaría de Finanzas. Pero la intención del Gobierno es que la paguen los “grandes consumidores”, algo que lo prohíbe el artículo 5 de dicha Ley.

Las tarifas no deberán cargar a una categoría de usuarios costos atribuibles a otra categoría. Cuando el Estado decida subsidiar a los consumidores de bajos ingresos, deberá hacerlo sin alterar las tarifas y sin afectar las finanzas del subsector eléctrico”, señala el artículo 18 en su último párrafo..

Para Kevin Rodríguez, ex director de la AHPER, esa reforma tendría implicaciones graves para la economía nacional y las inversiones nacionales y extranjeras”.

“Si se carga a un sector sería con una cantidad millonaria y eso mandaría un mal mensaje a los inversionistas que podrían cerrar sus empresas”, apuntó.

El otro problema es que el Congreso Nacional aún no define su presidencia lo que impide que se aprueben leyes, lo que deja en el aire la promesa de subsidio a la energía y los combustibles, promesas de la Presidenta en su toma de posesión.

La LGIE está en vigencia desde el 2014 y su aplicación total era parte de los convenios firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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