El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció la suspensión de un préstamo por 250 millones de dólares, aprobado desde el 2020, destinado a la implementación de la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE).
La decisión, anunciada por el presidente del BCIE, Dante Mossi, y se tomó después que el Congreso Nacional aprobara una nueva Ley Especial de Energía, que reforma artículos de la LGIE, en especial sobre la regulación y la escisión de la estatal de energía en tres empresas.
“Lastimosamente este préstamo tendremos que desistir de él, mientras preparamos una nueva estrategia con el Gobierno para entender cuál son sus objetivos y si el Banco puede acompañar ese tipo de reforma”, apuntó.
El crédito fue aprobado por el BCIE en julio de 2020 como parte de un marco programático de mediano plazo (Programa de Operaciones de Políticas de Desarrollo, OPD) de apoyo fiscal, y que fue ratificado por el Congreso Nacional a finales de ese año.
Según Mossi, los fondos (los $250 millones), podrían ser reorientados a corto plazo por el Directorio del BCIE, “porque ya no va a ser posible atender esa necesidad del Gobierno en apoyo presupuestario vía ese instrumento”.
Aunque el Gobierno actual sostiene que la nueva Ley de Energía busca recuperar “a la ENEE de la quiebra operativa y financiera”, además de fortalecer un subsector eléctrico con mayor participación estatal, Mossi considera que el “robo” de energía y sus pérdidas son uno de los principales problemas y la nueva Ley no establece sanciones al respecto.
“Se debe enfrentar el robo descarado de energía eléctrica. Ninguna empresa pública o privada puede sobrevivir con un nivel de pérdidas arriba de 30 por ciento. Yo no miro nada en esta ley que penalice a una empresa, al gerente de una empresa o a un empresario que robe energía eléctrica. Que se le someta a un proceso judicial”, opinó.
Es más probable que vaya a la cárcel un ladrón de gallinas que una persona que hurta energía, añadió.
El funcionario sostiene que hay grandes consumidores que roban energía incluyendo dependencias del propio Gobierno.
