Honduras cierra el calendario electoral en Latinoamérica este domingo, cuando acudirán a las urnas para elegir al sucesor del cuestionado presidente Juan Orlando Hernández. Nuevamente se llega en medio de controversias políticas, denuncias de fraude y sobre todo, pocas propuestas para uno de los países más pobres y endeudados del istmo.
Las encuestas señalan que la elección se decidirá a dos bandas, entre el candidato del oficialista y derechista Partido Nacional, Nasry Asfura, y la líder de Libertad y Refundación, de ideología izquierdista, Xiomara Castro, esposa del defenestrado presidente Manuel Zelaya. A ellos se suma el candidato del Partido Liberal, Yani Rosenthal, un inesperado contendiente quien cumplió hace unos meses una condena de tres años en Estados Unidos por compra de ganado a un grupo criminal ligado al narcotráfico.
Rosenthal, cuyo Partido de centro izquierda obtuvo unos 400.000 votos en las elecciones internas pasadas, ha logrado salir al paso a los cuestionamientos por su condena y busca aumentar la cuota de diputados en la cámara Legislativa.
Asfura, quien arrastra el peso de la sombra de Hernández, también aspira a ganar y consolidar los más de 60 curules que mantienen en el Congreso Nacional.
Por su parte Xiomara Castro espera convertirse en la primera mujer presidenta en Honduras y tener mayoría en el Congreso.
Y es que los cinco millones de hondureños convocados a las urnas (tradicionalmente vota menos del 60%), votarán también por 128 diputados y sus suplentes, 298 alcaldes y regidores, y 20 diputados al Parlamento Centroamericano.
Los candidatos a diputados son poco conocidos, a excepción de los que buscan la reelección, y han centrado su campaña en quedar a la sombra del candidato presidencial y pedir el “voto en plancha”, una práctica que cada vez se ve menos en Latinoamérica.
Un país pobre y polarizado
El golpe de Estado del 2009 (contra Manuel Zelaya) y la antipatía que ha generado el actual mandatario (Juan Hernández), tanto por la reelección en 2017 (denunciada como inconstitucional y fraudulenta) y la mala gestión en sus ocho años de Gobierno, que incluyen denuncias de corrupción, abuso de autoridad y narcotráfico, ha polarizado la opinión pública.
Las denuncias de fraude, por la poca confianza que ha generado el Censo Nacional Electoral (CNE), están a la orden del día y la sombra de protestas políticas está en la agenda del día.
La celeridad y transparencia en los resultados que dará el CNE podría reducir los conflictos sociales, pero al menos los dos principales contendientes señalados por las encuestas, Partido Nacional y Partido LIBRE, tienen seguidores que no aceptarían una derrota tan fácilmente.
El riesgo entonces es una mayor polarización social, participación policial y, quizás militar, que golpearía la débil democracia y la frágil economía hondureña.
Datos del Banco Mundial muestran que Honduras es el segundo país más pobre del continente, después de Haití: casi la mitad de la población (4,8 millones de personas) vive con menos de 5,50 dólares al día y el 14,8% de los hondureños sobrevive con menos de 1,90 dólares por día.
“Las proyecciones sugieren que la proporción de personas que viven por debajo de la línea de pobreza de 5,50 dólares al día podría aumentar al 55,4 por ciento en 2020, lo que resultaría en más de 700.000 nuevos pobres, mientras que la desigualdad aumenta ligeramente”, advierte el organismo.
Mientras, el tamaño de la clase media de Honduras (18%) se encuentra entre los más pequeños de la región. Es, además, uno de los países más violentos de América, con más de 38 homicidios por cada 100.000 habitantes. Al menos 29 asesinatos por motivaciones políticas se han registrado en el último año.
La pobreza y la violencia hacen que decenas de miles de hondureños dejen el país en oleadas migrantes para buscar mejores opciones de vida. Además de administrar las estadísticas de pobreza y violencia, quien triunfe en las elecciones deberá luchar con una de las tasas de corrupción e impunidad más altas del continente, así como intentar poner fin a la violencia contra líderes comunitarios, activistas y periodistas. El otro gran reto es fortalecer las instituciones y mantener la independencia de los poderes.
