Dentro de seis meses, Honduras dejará de someterse al arbitraje del Banco Mundial, a través al Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (CIADI), pero qué pasará con los inversionistas.
El Banco Mundial informó a los Estados Miembros la solicitud de Honduras, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 71 del Convenio CIADI, la denuncia producirá efecto a partir del 25 de agosto de 2024.
Honduras no es el primer país que denuncia el CIADI, también lo hicieron Bolivia, Ecuador (volvió a adherirse) y Venezuela, y por la experiencia de estas naciones, la denuncia no detuvo los reclamos de los inversionistas.
Honduras, que enfrenta unas 10 demandas ante el CIADI, deberá seguir con los procesos a pesar del retiro. La misma CIADI, analiza el tema de la denuncia y su efecto en los inversores que se sientan violentados en sus derechos, destacando que siguen en vigencia los tratados de inversión y comercio (RD-CAFTA) que se aplicaron en la denuncia.
“Un inversor debe perfeccionar lo antes posible el consentimiento otorgado en el tratado de inversión aplicable o la legislación nacional de su Estado anfitrión, si existe el riesgo de que se denuncie el Convenio del CIADI”, señala la entidad.
Para los analistas internacionales, los casos vigentes pasarían a otra instancia de arbitraje, posiblemente un arbitraje ad hoc con reglas
de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI o UNCITRAL por siglas en inglés), sea porque así están previstos en los contratos de las empresas con el gobierno o en porque estaba previsto en los TBI (Tratados de Promoción y Protección de Inversiones).
Ya sea que el gobierno espere ganar las demandas o reducir las multas, en un nuevo arbitraje, el efecto inmediato sería un retroceso en la generación de nuevas inversiones, señala el sector privado.
Por otra parte, se abre la oportunidad de negociar contratos más transparentes y con reglas claras para evitar controversias que paralizan inversiones y generan millonarios costos para el gobierno y las empresas.
