Las autoridades del sector advierten posibilidad de “intervenir y adquirir plantas”, ¿Expropiación?
Un día después de anunciar el regreso a los racionamientos de energía de hasta cuatro horas diarias, las autoridades de energía comunicaron que la crisis se debe a un “sabotaje a nivel nacional”, problemas heredados de la administración anterior, suspensión” atípica” de generación térmica, contratos sin operar, la concesión a EEH, el millonario costo de Patuca III y la sequía.
En cadena de radio y televisión, el ministro y gerente interino de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Erick Tejada, en compañía de los comisionados de la CREE y el director del CND, dio lectura al comunicado que defiende las acciones de los 16 meses de administración, aseguró que continúan las inversiones en transmisión, distribución y compra de potencia firme, y advirtió que la Ley Especial de Energía los autoriza para “intervenir y adquirir plantas si fuese necesario”.
Para los analistas y empresarios la comparecencia de los funcionarios dejo más dudas sobre la duración de la crisis que amenaza con convertirse en una “emergencia nacional” que dure más de un año.
A continuación el comunicado gubernamental:
Primero. – Que el pueblo y los usuarios de energía estamos siendo sometidos a un sabotaje a nivel nacional y que cada acción de daño o destrucción intencional que se compruebe en generación y prestación del servicio de energía eléctrica, está documentada para investigación y acusación penal contra las empresas y personas responsables tanto del sector público como del sector privado.
Segundo.– Está comprobado que las interrupciones o apagones a nivel nacional en mayor medida son producto de la indisponibilidad atípica de energía térmica y las empresas térmicas se escudan en que las máquinas se recalientan por las altas temperaturas, el alto despacho y otras situaciones, lo que representa algo que nunca había ocurrido en esta magnitud.
Tercero.– El Gobierno de la República no detendrá bajo ninguna circunstancia las inversiones en transmisión, en distribución y la contratación de potencia firme y energía hasta que se garantice la prestación del servicio en el menor tiempo posible y la reparación de los daños y destrucción provocada. Las principales plantas térmicas generadoras de energía son privadas y cuentan con una capacidad instalada de 850 megawatt, ENERSA 240 megawatt, EMCE 43 Megawatt, LUFUSSA III 240 Megawatt, LUFUSSA II 60 megawatt, Comercial Laeisz 147 megawatt y ELCOSA con 80 megawatt.
Cuarto.– La central Hidroeléctrica Patuca III propiedad del Estado que originalmente costaba 120 millones de dólares, pasó repentinamente a costar 350 millones de dólares sin justificación legal y cuyas líneas de transmisión para distribuir la energía total que produce, nunca se construyeron y la poca energía que inyecta ha sido objeto de dos actos comprobados de sabotaje y mano criminal que denuncié y que ahora están en proceso de investigación por la Fiscalía General del Estado.
- El derramamiento doloso de 14 barriles de aceite para contaminar la represa y el Río Patuca.
- La paralización de una turbina que fue atravesada por dos vigas de más de 220 libras y para lo cual los delincuentes tuvieron que abrir una compuerta automatizada con un peso de más de 35 toneladas, dejando indisponibles entre 18 y 40 megawatt de energía, representando esto un grave perjuicio a los abonados del departamento de Olancho y de Danlí, de la ciudad de Danlí y el departamento de El Paraíso.
Quinto. – La otra causa principal de la grave situación que enfrentamos es la existencia de 115 contratos que fueron otorgados en mayoría en la hemorragia legislativa del 20 de enero del 2014 y que representaron 2.150 megawatt que nunca entraron en operación, y que sumado a esto representan una condena de tener que soportar el fracasado contrato para la reducción e inversiones que no se realizaron por parte de EEH.
O sea, 2,150 megas que nunca entraron en operación debido a estos 115 contratos que pulularon por el Congreso Nacional y que se pasaron al mejor postor y que jamás ni siquiera hubo construcción de obra civil.
Otra de las causas principales de lo que estamos viviendo es el fracasado contrato del fideicomiso de EEH, que ha representado un gasto para el pueblo hondureño de 861 millones de dólares y eso es más de 21 mil millones de lempiras a lo largo de estos trágicos 7 años que hemos sido sometidos a este contrato.
Por ende, es importante decir que la red de distribución está colapsada, están presentándose a nivel nacional sospechosamente un incremento de 30 fallas diarias, afectando a por lo menos mil abonados por cada falla como consecuencia de postes dañados, transformadores quemados, crucetas quebradas, aisladores dañados, cuchillas de los ramales dañadas, ramas sobre las líneas de distribución y fenómenos atmosféricos. Y además, heredamos una sobrecarga de 31 subestaciones a nivel nacional y la mora de construcción de 175 circuitos solo en la red de distribución.
Sexto – No podemos desconocer los efectos de la sequía, que también impactan a la región centroamericana y al mercado eléctrico regional que antes o en un periodo normal estaba proveyendo al país 180 megas y ahora a duras penas, debido a que todos los países están resguardando sus embalses y además teniendo restricciones en la exportación de energía, apenas se están adquiriendo 17 megas.
Pueblo hondureño estamos empeñados gestionando en diferentes bancos internacionales para obtener el financiamiento para la construcción de las represas Jicatuyo y Los Llanitos, represas que en el 2009 estaban listas para su construcción con contratos y financiamiento firmados por 600 millones de dólares, pero que también fueron objeto de sabotaje y boicot por más de una década, esas represas tardan generalmente alrededor de 7 años en su construcción y la corrupción legalizada institucionalizada impidió su construcción.
A estas alturas, las poblaciones del Valle de Sula estarían liberadas de la tragedia de las inundaciones y es necesario desenmascarar a los responsables; También con instrucciones de la presidenta renegociamos onerosos contratos incluidos algunos de los solares con el incentivo lesivo de 0.03 centavos adicionales y además, mercadeados en el Congreso Nacional en un claro acto de corrupción legalizada también que continúa en la impunidad.
Algunas empresas aún se niegan a modificar sus lesivos contratos, se niegan a llegar a un acuerdo con el gobierno para rebajar los precios de la energía más cara de la región.
Séptimo – A los actos de sabotaje antes mencionados, debemos sumar el boicot sistemático de los apologistas defensores de los pueblos, pero que guardaron un silencio cómplice y nunca denunciaron los ilegales y abusivos contratos que públicamente se otorgaron al costo de la energía más alto de la región.
Y el chantaje y la corrupción público privada que ha caracterizado o que caracterizó por más de 10 años al régimen anterior y a las operaciones de la ENEE, hoy quebrada y desvalida en todas sus operaciones de generación, transmisión y distribución, así como los fideicomisos que usaron para la repartición y privatización de la ENEE y la entrega de concesiones ilegales de los más importantes ríos del país, eso que ya fue derogado en mayoría.
Y estamos seguros después de estos 15 meses que vamos a rescatar la empresa pública, que vamos en el camino correcto, que hemos tenido avances notorios como en 12 años ni siquiera se atisbaba.
Pueblo hondureño, el Gobierno de la República en estos 15 a 16 meses ha marcado el horizonte del subsector eléctrico a través de la nueva Ley Especial de Energía que nos faculta y autoriza para intervenir y adquirir las plantas si fuese necesario.
Asimismo, por este medio les garantizamos la vigencia de la ENEE como empresa pública, el Gobierno de la República, presidido por Xiomara Castro con solidaridad y responsabilidad para los más afectados, pide al pueblo hondureño su apoyo y su colaboración para tomar las medidas que sean necesarias.
