Los empresarios Yusuf Andami, dueño de Altia Business Park, y Cristian Adolfo Sánchez en el listado
El gobierno de Estados Unidos actualizó este jueves su Lista Engel e incluyó a 14 personas de varios países de Centroamérica, entre ellos los empresarios Yusuf Andami y Cristian Adolfo Sánchez, y el ministro de Planificación Ricardo Salgado.
El nuevo listado incluye a jueces, fiscales, ministros y otros funcionarios, señalado “por actos corruptos y antidemocráticos”, informó el Departamento de Estado en una nota de prensa.
Cuatro de los sancionados son de Nicaragua, cuatro de Guatemala, tres de Honduras y tres de El Salvador.
La Ley de Compromiso Reforzado entre EE UU y el Triángulo Norte, más conocida como “Lista Engel”, es una herramienta para contrarrestar la corrupción en la región de Centroamérica y surgió por iniciativa del ex congresista demócrata de Nueva York Eliot Engel en 2019.
Según Washington, la inclusión de estas personas en la Lista Engel busca “promover una gobernabilidad democrática fuerte en la región” ya que consideran que “la corrupción y otras prácticas que socavan la democracia en Centroamérica generan inestabilidad e impulsan la migración irregular”.
Los incluidos en la lista de Honduras
Por Honduras están: Ricardo Arturo Salgado Bonilla , el actual Ministro de Planificación Estratégica. Salgado es señalado de socavar los procesos o instituciones democráticas al dirigir los esfuerzos coordinados del partido LIBRE a través de grupos leales al partido (“colectivos” ) para reprimir la disidencia intimidando violentamente a los legisladores de la oposición que convocaban a una sesión legislativa el 31 de octubre de 2023.
Mohammad Yusuf Amdani Bai, un empresario privado, que “incurrió en una importante corrupción al sobornar a funcionarios de la Corte Suprema de Honduras para que fallaran a favor de su negocio en una demanda privada”, según Estados Unidos.
Cristian Adolfo Sánchez. Este es señalado de “una corrupción significativa al participar en un plan que defraudó al gobierno hondureño por más de $300,000 y se confabuló con funcionarios del Ministerio de Salud para adjudicar contratos gubernamentales de manera indebida”.
Por Nicaragua
Gloria María Saavedra Corrales , jueza del décimo tribunal penal de distrito de Managua. A Saavedra Corrales la señalan de socavar procesos o instituciones democráticas al utilizar su posición y autoridad dentro del sistema judicial nicaragüense para facilitar “a sabiendas una campaña coordinada para reprimir la disidencia al confiscar propiedades de la Universidad Centroamericana Jesuita sin una base jurídica”.
Maribel del Socorro Duriez González, presidenta del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de Nicaragua. A Duriez González se le acusa de “reprimir a la disidencia” al confiscar propiedades de los opositores políticos del gobierno del presidente Daniel Ortega.
Ramona Rodríguez Pérez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua. Rodríguez Pérez es acusada de socavar las instituciones democráticas “al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia confiscando propiedades de los opositores políticos del gobierno, incluida la Universidad Centroamericana”.
Alejandro Enrique Genet Cruz , rector de la Universidad Casimiro Sotelo (antes Universidad Centroamericana). Genet dirige actualmente la universidad estatal Casimiro Sotelo, creada en sustitución de la jesuita Universidad Centroamericana, UCA.
De Guatemala
De Guatemala fueron incluidos cuatro personas, tres de ellas fiscales, y una exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia.
Leonor Eugenia Morales Lazo , actual fiscal, es señalada de socavar los procesos o instituciones democráticas al liderar una investigación por motivos políticos “para poner en duda los resultados electorales certificados y perturbar la transición presidencial” del presidente electo Bernardo Arévalo.
Noe Nehemías Rivera Vasquez , actual fiscal, es acusada de entorpecer “procesos o instituciones democráticas” al presentar cargos por motivos políticos contra actores de la justicia que luchan contra la corrupción y la impunidad.
Pedro Otto Hernández González, actual fiscal, señalado de “socavar procesos o instituciones democráticas al participar en una investigación por motivos políticos para poner en duda los resultados electorales certificados y perturbar la transición presidencial”.
Silvia Patricia Valdés Quezada , ex magistrada de la Corte Suprema, señalada de socavar procesos o instituciones democráticas al participar en un plan para llenar la Corte Suprema y los tribunales de apelaciones con jueces corruptos.
De El Salvador
De El Salvador fueron incluidas tres personas por acciones relacionadas a la información pública.
Ricardo Gómez; Gerardo Guerrero y Andrés Grégori Rodríguez.
A los tres se les acusa de socavar “procesos o instituciones democráticas al bloquear deliberada e injustamente el acceso a la información pública a través de sus cargos como comisionados”.
