Los defensores de derechos humanos y líderes patronales del Comité para la Paz y Desarrollo de Tocoa (Copade), pidieron este martes medidas de protección en la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) tras recibir amenazas de supuestos ambientalistas de Guapinol.
El grupo de campesinos que representan a más de 13 comunidades mineras de la zona de montaña de Tocoa, denunciaron ante las autoridades de la SEDH de Tegucigalpa haber recibido amenazas de muerte por parte de grupos violentos.
“Hemos venido a solicitar medidas de protección para los miembros del Comité que hemos conformado para defender los derechos humanos de las más de 20,000 personas de nuestras comunidades, donde apoyamos un proyecto minero de la empresa Inversiones Los Pinares, que nos ha apoyado trayendo educación, salud y obras importantes”, dijo el defensor de derechos humanos Julio César Hernández.
Agregó: “Estos falsos ambientalistas han hecho llegar amenazas contra la gente de nuestras comunidades solo por apoyar el proyecto minero y estamos siendo perseguidos por el simple hecho de defender el derecho a la vida y al trabajo en nuestra zona”, denunció.
Por su parte, Heriberto Alemán, presidente de la Asociación de Ambiente, Derechos y Justicia (ADJ), contó que recurrieron a pedir protección para ellos y sus familias, porque han recibido amenazas mediante mensajes vía teléfono y que trabajadores de la mina y de las comunidades están siendo perseguidos por falsos ambientalistas de Guapinol.
Los miembros del comité contaron que algunos de ellos han sido perseguidos por motociclistas y encapuchados, por lo que aseguran que recibir las medidas de protección es urgente y esperan que se las concedan lo antes posible.
Los defensores de derechos humanos y líderes de las comunidades de Tocoa que respaldan el proyecto minero en la zona se han reunido recientemente con la Embajada de Estados Unidos en Honduras, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), representantes de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Serna) y con la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) para denunciar las amenazas que sufren de los supuestos ambientalistas y para pedir apoyo en que se respeten sus derechos humanos.