El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) rechazó la iniciativa del gobierno que querer pagar con fondos públicos las pérdidas que pueda generar la empresa mercantil Koriun Inversiones.
La empresa es parte de una polémica nacional tras la intervención tardía del Ministerio Público y un cuestionado papel de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), ente supervisor del sector financiero del país.
La intención de pagar con fondos públicos, a una empresa acusada presuntamente del delito de lavado de activos, viene desde la Presidencia del país, según informó el titular de la CNBS, Marcio Sierra.
Para el sector empresarial la propuesta es “preocupante” y puede crear precedentes nefastos para el país. Aunque aún no se prueba el delito, el Cohep señala que Koriun no podía aceptar recursos del público, una actividad que sólo pueden realizar los actores del sector financiero regulado (bancos, financieras y cooperativas).
En un comunicado, la institución señala que “no está de acuerdo, ni avala ninguna sociedad mercantil ni persona natural que se constituya con una finalidad ilícita y que por sus acciones perjudique a la ciudadanía”.
Consideran que el caso de Koriun es un esquema de fraude y estafa colectiva y que el Estado debía proceder de manera inmediata a tomar acciones dentro del marco de la ley.
“Es necesario ejercer las acciones correspondientes para liquidar los fondos que administraba Koriun y devolver mediante mecanismos y criterios transparentes, el dinero a las personas que de buena fe confiaron en este tipo de inversiones”, cita el pronunciamiento.
El Coheo señala que el Ministerio Público debe hacer una investigación correspondiente y deducir responsabilidades penales a todos aquellos que hayan participado en este fraude.
“Este es un caso en donde se ha evidenciado mucha fragilidad institucional y en donde nuestras autoridades no han sido claras en su acción y en su comunicación generando más dudas que certeza”, cuestiona.
Le recuerdan al gobierno que el artículo 356 de la Constitución de la República establece: ..El Estado solamente garantiza el pago de la deudo pública que contraigan los gobiernos constitucionales”, de acuerdo con esta Constitución y las leyes. Cualquier norma o acto que contravenga lo dispuesto en este artículo hará incurrir a los infractores en responsabilidad civil, penal y administrativa, la cual será lmprescriptible”.
Agregan que no existe fundamento jurídico para indemnizar a particulares. “Aprobar una ley con este propósito contraviene los principios de legalidad, igualdad ante la ley y responsabilidad en el uso de los recursos públicos”.
Al sector judicial, el Cohep les señala que para estos casos existen normativas suficiente sen el Código de Comercio, Lye del Sistema Financiro, Código Penal, Ley Especial contra el Lavado de Activos, ley de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFO), entre otras.
