En 2022, la deuda pública acumuló 92 billones de dólares, los países en desarrollo deben casi el 30% de esa cifra. Esas naciones asignan más recursos a pagar intereses que a la salud o educación, alerta la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El organismo propone medidas urgentes: “un mecanismo de reestructuración, suspensiones de pagos, plazos más largos y tasas más bajas para los países pobres y de renta media en situación vulnerable“.
“La mitad de la humanidad vive en países que se ven obligados a gastar más en el servicio de su deuda que en salud y educación, lo que significa nada menos que un desastre para el desarrollo”, destacó el Secretario General de la ONU, António Guterres, al presentar el informe del Grupo de Respuesta de la ONU a las Crisis Globales.
El estudio Un mundo de deuda señala que 52 países que representan un 40% del mundo en desarrollo están en “graves problemas de deuda, y aboga por un alivio fiscal urgente para esas economías.
El año pasado, la deuda pública mundial alcanzó un récord de 92 billones de dólares, los países en desarrollo deben el 30% de ese total, una cantidad que António Guterres calificó de “desproporcionada”.
El análisis indica que la deuda pública ha aumentado más rápidamente en los países en desarrollo que en los países industrializados durante la última década y explica que el incremento en el mundo en desarrollo se ha debido principalmente a las crecientes necesidades de financiamiento para el desarrollo, exacerbadas por la pandemia de COVID-19, la crisis del costo de vida y el cambio climático, y por fuentes alternativas limitadas de financiamiento.
En consecuencia, el número de países que enfrentan altos niveles de deuda ha aumentado considerablemente de sólo 22 países en 2011 a 59 países en 2022, detalla y precisa que el 70% de la deuda del mundo en desarrollo se concentra en tres economías: China, India y Brasil.
Prioridades alteradas
Los gobiernos de las naciones más endeudadas dan prioridad al pago de los intereses de los créditos sobre inversiones necesarias para el desarrollo, añade el informe.
“Algunos de los países más pobres del mundo están forzados a elegir entre pagar su deuda o servir a su población. Prácticamente no disponen de espacio fiscal para inversiones esenciales en los Objetivos de Desarrollo Sostenible o en la transición a las energías renovables”, enfatizó Guterres.
Agregó que pese al lastre que suponen, estas deudas insostenibles concentradas en los países pobres, “no se consideran un riesgo sistémico para el sistema financiero mundial”.
Como en ocasiones anteriores, el titular de la ONU aseveró que los niveles catastróficos de deuda pública en los países en desarrollo son un “fallo sistémico” que resultó de la desigualdad de la era colonial incorporada en “nuestro sistema financiero obsoleto”.
“Ese sistema no ha cumplido su mandato como una red de seguridad para ayudar a todos los países a manejar la cascada de impactos imprevistos de hoy: la pandemia; el impacto devastador de la crisis climática; y la invasión rusa de Ucrania”, dijo.
(VEA: Deuda externa pública de Honduras de $9.380 millones a mayo de 2023)
Mecanismo de reestructuración
El estudio de la ONU propone una serie de medidas urgentes, incluido un mecanismo efectivo de reestructuración de la deuda que aboga por las suspensiones de pagos, los plazos de préstamo más largos y las tasas más bajas, “incluso para países vulnerables de renta media”, recalcó Guterres.
El documento también exige una ampliación masiva del financiamiento asequible a largo plazo, transformando la forma en que funcionan los bancos multilaterales de desarrollo, rediseñándolos para apoyar el desarrollo sostenible y apalancando los recursos privados.
El titular de la ONU recordó que la Agenda Bridgetown, liderada por la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, y la reciente Cumbre por un Nuevo Pacto Financiero Global en París, generaron otras propuestas importantes para el alivio de la deuda internacional, y confió en que la próxima reunión del G20 en septiembre sirva para impulsar algunas de estas ideas.
El informe hace hincapié en la necesidad de un sistema más incluyente y plantea que se puede conseguir haciendo efectiva la participación de los países en desarrollo en la gobernanza de la arquitectura financiera internacional.
“La desigualdad está incrustada en la arquitectura financiera internacional y eso debe terminar”, concluye el estudio.
