Un día después de recibir el anteproyecto de Ley de Justicia Tributaria el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) concluyó que se manda un mal mensaje a los inversionistas nacionales y extranjeros y podría llevar a despidos en empresas establecidas que se sientan afectadas.
Aunque la ley no tiene efecto retroactivo y respetaría los beneficios otorgados, el Cohep estima que la aplicación de nuevos cambios en la metodología tributaria podría afectar las estimaciones en ingresos de las compañías en operación.
“Lo que se pretende es no atraer inversiones al país sino alejarlas, lo que se pretende no es generar empleo sino eliminar los puestos de trabajos formales que tiene actualmente el país”, dijo el director del Cohep, Armando Urtecho.
La nueva ley deroga unos 10 regímenes especiales en los que operan las maquilas, los generadores de energía, la agroindustria y el turismo, entre otros sectores.
Santiago Herrera, gerente de Política Económica, fue menos indulgente y consideró las reformas como “una masacre contra las empresas, una masacre contra los mayores empleadores, una masacre contra el pueblo”.
Según las autoridades tributarias, los “privilegios fiscales están ampliamente concentrados en las empresas de mayores ingresos”. En 2021, el 38% de empresas con ingresos superiores a los quinientos millones de lempiras -148 de 393 empresas- no pagaron impuestos por estar adheridas a algún régimen de beneficios fiscales.
En cambio, de 18.838 micro y pequeñas empresas con ingresos iguales o menores a un millón de lempiras apenas el 3,5%, 658 empresas, gozaron de los privilegios fiscales.
Según Urtecho, la eliminación de exoneraciones no garantiza transparencia tributaria y envía un mal mensaje a los inversionistas al cambiar toda la estructura fiscal que promueve el país.
Agregó que se está atacando a las grandes empresas al señalar que una empresa que genera 25.000 empleos, no está cumpliendo con el respectivo pago fiscal.
“No sabemos si lo que quiere Marlon (Ochoa, director del SAR) es que esos 25 mil empleos que genera la empresa más grande que tiene el país se vaya para otro lado”, cuestionó el director del Cohep.
Agregó que la premisa del gobierno es que la empresa privada no paga impuestos, después de informar que aumentaron los ingresos en 2022. “Se ha mencionado en la presentación (de la Ley) que no se paga impuestos, que este país lo recibieron quebrado y se mandan mensajes que este país será declarado un paraíso fiscal”, apuntó.
Todos estos mensajes contradictorias harán más difícil la llegada de inversionista, incluso con la propuesta de “Llamado a la Acción”, que promueve Estados Unidos entre empresas de la región y de EE UU para apoyar a los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador).
“Si tan mal estamos, si no queremos empresas ni empleos formales, es mejor poner un letrero diciendo que no venga las empresas y todos se vuelvan informales, ese es el mensaje de la presentación del gobierno”, concluyó.
