La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) dio “luz verde” a la reanudación de operaciones de Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) a pesar de la iliquidez financiera y pérdidas que arrastra esa institución.
La CNBS, que conoció en 2016 de la grave crisis financiera de Banadesa de acuerdo a la auditoria de la firma Horwath Central America, destaca que se necesita “una solución integral” para resolver el desbalance financiero de esa institución.
Ethel Deras, presidenta de la CNBS, reiteró que el funcionamiento o liquidación de Banadesa depende “por Ley” del Congreso Nacional,
y la CNBS solo puede cumplir las disposiciones que aprueben los diputados.
Sin embargo, reconoció que el Decreto Legislativo 47-2018, (readecuación de deudas, condonación de intereses y tasas del 25), “manda un mal mensaje al sistema financiero” y a los propios productores que si cumplieron con los pagos a Banadesa.
“De 18.000 créditos, 12.000 están en mora y éstos no solo no pagarán intereses acumulados sino que se refinanciarán a una tasa de 2%, un interés mucho menor a la tasa que pagan 6.000 productores que si cumplieron con sus obligaciones”, cuestionó Deras.
Diputados sin visión
A criterio del Superintenedente de Bancos, Evin Andrade, los “diputados no midieron el efecto financiero, no se visualizó si ese 2% (de interés) si era sostenible en el tiempo”.
Y es que el impacto inmediato de no pagar intereses, bajar la tasa y refinanciar” será de “1.450 millones de lempiras”, y si se proyecta en
el tiempo de 20 años sumará “2.400 millones de lempiras”, apuntó.
A esto se suma que el Banco ya reporta pérdidas acumuladas por más de “460 millones de lempiras y préstamos e intereses a pagar por “4.158 millones de lempiras”, según la auditoría de Horwath Central America.
A corto plazo se espera una capitalización urgente de Banadesa y muchos economistas estiman que saldrá de fondos públicos.
Los auditores señalaron una serie de irregularidades que impiden conocer el “Estado Financiero real de Banadesa”.
En otras palabras Banadesa registra una “quiebra técnica”, según analistas financieros, pero seguirá operando en el país por mandato del Congreso y violentando las normas financieras internacional de Basilea, del cual el país es firmante y la CNBS el ente encargo de su cumplimiento.
