La medida es bien recibida en el mercado con una baja del riesgo de país de más de 10 puntos
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó dos propuestas con las que el Gobierno salvadoreño buscará comprar los bonos soberanos de forma anticipada a su vencimiento en enero de 2023 y así evitar caer en un posible impago de la deuda, tal como advierten diferentes organismos internacionales de crédito y de riesgo.
Se trata del uso de 350 millones de dólares de las reservas internacionales (similar a lo que hizo el Congreso de Honduras), provenientes de un desembolso del FMI (250 millones de DEG), además de la reorientación de $200 millones provenientes del BCIE (eran para subsidio a combustibles).
La aprobación es un cambio en la política financiera de la administración de Nayib Bukele y fue bien recibida a nivel internacional. El indicador EMBI para Bonos Soberanos bajó a 22,65%, hace 10 días estaba en 35%.
El ministro de Hacienda Alejandro Zelaya se refirió a los mecanismos presentados en la Asamblea Legislativa, los cuales fueron aprobados para que el Gobierno pueda comprar de forma anticipada los bonos que vencerán en enero de 2023 con un valor de $800 millones.
La aprobación de la transferencia de 275 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) llamó la atención debido a que se busca que el Gobierno compre su propia deuda a los tenedores de bonos, si estos así lo desean.
“Ya hemos mostrado nuestros escenarios fiscales en reiteradas ocasiones y aún así este comportamiento del mercado secundario no se detenía. Entonces, podemos echar mano de una operación que está enmarcada dentro de todas las regulaciones de los mercados bursátiles”, dijo Zelaya.
Con la autorización de la transferencia del Banco Central de Reserva (BCR) de los 275 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) asignados a El Salvador por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que podrían representar hasta $350 millones, se tiene planeado abrir la compra de los bonos en un plazo de seis semanas y que estos sean vendidos al precio actual del mercado, lo que podría representar un ahorro para el Estado. Pero, esto dependerá de si los tenedores de bonos los desean vender o esperar a su vencimiento.
Zelaya mencionó también que, tras el anuncio de los mecanismos y su aprobación, el precio de los bonos incrementó su valor, el cual durante los últimos días había descendido: el de 2023 se cotizaba a un 70% de su valor y el de 2025 a un 30%, por lo que los tenedores de los bonos buscarían venderlos a un precio más alto al que se tenía poco antes que el Gobierno hiciera pública su estrategia para buscar cumplir con el pago de los bonos de 2023.
“Se ha creído o se ha tratado de hacer creer que El Salvador no tiene la suficiente liquidez para cumplir con sus compromisos del vencimiento del bono 2023 y el bono 2025, de tal suerte que los valores de nuestros bonos han estado comercializándose en el mercado secundario a valores que no se apeguen a la realidad del país”, expresó Zelaya sobre la iniciativa de compra anticipada.
El Salvador debe pagar en el primer mes del próximo año $800 millones para saldar la deuda adquirida tras la emisión de bonos por dicha cifra en octubre de 2002 y febrero de 2003. A lo largo de estos 20 años, los gobiernos han pagado los intereses asignados a dicho bono. Una vez finalizado el período, se debe pagar el monto adquirido con la emisión.
