Con la aprobación de los 389 millones de dólares para El Salvador en el marco del Instrumento de Financiamiento Rápido para enfrentar la pandemia del Covid-19, el Fondo Monetario Internacional (FMI) incluyó una serie de medidas fiscales como parte de la Carta de Intenciones para un Acuerdo con el gobierno.
Las recomendaciones para llevar a cabo un ajuste fiscal (mediante aumento y creación de impuestos) a partir del próximo año y a las que el Ministerio de Hacienda se ha comprometido cumplir.
“Nos comprometemos a implementar un ajuste fiscal gradual de al menos el 3% del PIB en medidas permanentes durante 2021–24, para lograr un equilibrio fiscal primario del 3.5% del PIB (producto interno bruto) a fines de 2024, para colocar la deuda firmemente en una senda en declive y cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal y un índice de deuda pública que incluye pensiones del 60% del PIB para 2030”, señala parte de la carta de intención enviada por el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, el 4 de abril al FMI.
La administración pública plantea que en 2021 se ejecutarán medidas como la facturación electrónica y un monotributo; sin embargo, estas solamente lograrían un 0,8% del PIB.
El equipo del Fondo recomienda “medidas permanentes” adicionales como el aumento de los impuestos especiales sobre la gasolina y el diésel (dada la fuerte caída de los precios del petróleo), un aumento en los ingresos fiscales al introducir un impuesto a la propiedad y elevar las tasas de los impuestos al consumo, entiéndase el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o algunos impuestos especiales.
En la parte del gasto, se debe reducir la factura salarial (por ejemplo, congelamiento de contrataciones y jubilación anticipada de empleados públicos) y centralizar las compras en todos los ministerios y agencias del sector público.
Aunque algunas medidas podrían empezar a implementarse el próximo año, la mayor parte del ajuste comenzará en 2022, cuando se espera que la economía salvadoreña “se haya recuperado completamente del choque pandémico”.
Así, el total de estas medidas para reducir la deuda pública podría significar un ajuste del 2.5 % del PIB para el año 2023, por lo que todavía haría falta continuar con nuevas soluciones.
“Las autoridades (del Gobierno de El Salvador) estuvieron de acuerdo con las recomendaciones del personal (del FMI) para preservar la estabilidad financiera y enfatizaron que continúan trabajando para fortalecer la cooperación transfronteriza y financiar adecuadamente el marco de asistencia de emergencia de liquidez”, señala el informe del FMI.
El Fondo advierte que el ajuste debe integrarse en “un plan fiscal a mediano plazo” que “priorice el gasto” para abordar problemas estructurales a más largo plazo (como brechas de seguridad, infraestructura y educación), al tiempo que “ayuda a reducir sustancialmente los costos de los préstamos mediante la identificación de fuentes de financiamiento no eficientes y eficiencias de gasto” .
El Salvador tendrá problemas para cumplir con la Carta de Intenciones, teniendo en cuenta el alto costo público de las medidas para contener el virus, estimadas en unos $900 millones (un 3.5% del PIB), lo que, junto con una pérdida de ingresos, deteriorará para 2020 presupuestar alrededor del 8.7% del PIB, lo que requiere un financiamiento adicional de al menos $1,300 millones.
