Nada de los $4 mil millones de ayuda a Honduras, El Salvador y Guatemala irá a sus presidentes, advierte EE UU

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La coordinadora de la frontera sur en la Casa Blanca, Roberta Jacobson

Se reinstaura programa de acogida para niños de Centroamérica

Ni un dólar de los 4,000 millones de dólares que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiere entregar a Centroamérica acabará en manos de sus presidentes, dijo este miércoles la coordinadora de la frontera sur en la Casa Blanca, Roberta Jacobson.

“Nada del dinero que queremos obtener del Congreso y de los contribuyentes de EE UU irá a los líderes de esos Gobiernos”, afirmó Jacobson en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

La funcionaria explicó que Biden pondrá condiciones a los 4.000 millones de dólares que quiere entregar durante los próximos cuatro años al Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala).

En concreto, explicó que Washington quiere que la mayor parte de la ayuda vaya a las ONG, organizaciones internacionales e instituciones religiosas que trabajan sobre el terreno con los habitantes de esos países, que al no tener oportunidades se ven obligados a migrar a Estados Unidos.

El anuncio de Washington coincide con las acusaciones de narcotráfico contra el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, que han salido a la luz durante un juicio en Nueva York contra un supuesto narcotraficante con quien el mandatario hondureño cooperó durante años, según los fiscales.

Preguntada al respecto, Jacobson evitó pronunciarse específicamente sobre Hernández, pero reiteró que Biden quiere que la ayuda vaya a organizaciones de la sociedad civil, en vez de confiar en los Gobiernos de Centroamérica para distribuirla.

“No es que los presidentes no sean importantes en estos países, pero es importante entender que vamos a trabajar con la sociedad civil, con organizaciones internacionales y con varias ONG internacionales sobre el terreno”, manifestó.

“Trabajaremos con los funcionarios con los que podamos trabajar, pero creo que es muy importante que estos países hagan compromisos muy explícitos para avanzar en la lucha a la corrupción, sabemos que en algunos países eso será difícil”, aseveró Jacobson.

Y, aún sin mencionar a Hernández, añadió: “si tienes funcionarios sobre los que pesa una nube, entonces creo que necesitamos trabajar con las organizaciones que podamos en esos países”..

La idea de poner condiciones a la ayuda exterior no es nueva y, durante el Gobierno de Barack Obama (2009-2017), el Congreso hizo mucha presión para que los fondos ($750 millones) estuvieran ligados a objetivos concretos en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico.

Más tarde, el expresidente Donald Trump (2017-2021) suspendió la ayuda exterior al Triángulo Norte al considerar que sus Gobiernos no hacían lo suficiente para frenar la inmigración al norte.

Biden ha dejado claro que sigue creyendo en esos principios, pero su Gobierno ha enfatizado que la lucha contra la corrupción será una pieza central de su política hacia Centroamérica.

Programa CAM

Al mismo tiempo, el gobierno de Joe Biden anunció que va a reinstaurar un programa de acogida para que los hijos menores de migrantes de El Salvador, Honduras y Guatemala puedan reunirse legalmente con sus padres en Estados Unidos.

“Hoy anunciamos la reinstauración del programa para que menores centroamericanos se reúnan con sus padres que estén de forma legal en Estados Unidos”, anunció Jacobson. El Programa de Menores Centroamericanos (CAM, por su sigla en inglés) que fue inaugurado por el expresidente demócrata Barack Obama había sido suspendido en 2017 por su sucesor, Donald Trump.

Según Jacobson, cuando el programa fue suspendido “abruptamente” por el gobierno de Trump unos 3.000 menores que ya habían recibido la aprobación para viajar quedaron “varados”.

El programa permite que los hijos solteros menores de 21 años se reúnan de forma legal con alguno de sus padres, evitando que emprendan el peligroso viaje por tierra hacia Estados Unidos.

Esta medida forma parte de un plan más amplio del gobierno de Biden para revertir algunas políticas contra la inmigración irregular instauradas por su predecesor.

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