La firma PwC auditará costo del fracasado proyecto Corredor Turístico

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La inversión en infraestructura vial se redujo este año

La firma Price Waterhouse Cooper (PwC) realizará la auditoría de la Alianza Público Privada (APP) “Corredor Turístico”, firmada por Coalianza y la constructora de capital colombiano-hondureño, Adasa.

El proyecto vial en la zona norte, que registraba retrasos importantes en las obras, fue cancelado por el Congreso Nacional el año pasado bajo la figura de “terminación anticipada”, y por “acuerdo entre las partes”.

El Corredor Turístico tiene como objetivo la construcción, ampliación y mantenimiento de 122.6 kilómetros de carretera en los tramos 

Sin embargo, se pagará una indemnización por la fracasada concesión pública. El acuerdo establece que una firma auditora internacional revise las cifras y defina el monto a cancelar por parte del erario público.

“La próxima semana, en mi calidad de concedente, estaremos suscribiendo con el concesionario del corredor turístico, el acuerdo mutuo de terminación anticipada”, aseguró el director de la agencia Inversiones Estratégicas Honduras (Invest-H), Marco Bográn.

Explicó a la vez que mediante este convenio, ambas partes se ponen de acuerdo para “practicar una auditoría en el proyecto para determinar en los gastos que incurrió el concesionario a razón del proyecto”.

“Lo que si es importante, es que es un auditor de primer nivel, es Price Water House, pero no de Honduras. Es Price Water House de Chile y son expertos en auditar concesiones”, anunció.

“El valor de la auditoría es de 750 mil dólares”.

El corredor turístico fue concesionado en mayo del 2013 por parte de la Comisión para la Promoción de las Alianzas Público-Privadas (Coalianza) a 30 años plazo y una inversión estimada de 286 millones de dólares, donde el gobierno aportó, vía endeudamiento, 145 millones de dólares.

Adasa debía invertir 141.2 millones de dólares.

El concesionario fue el consorcio Autopistas del Atlántico (Adasa) conformado por el Grupo Grodco que preside Gustavo Rodríguez, el Consorcio Canal Seco (CASH) de David Alberto Cabrera Santos y la empresa Profesionales  de la Construcción (Prodecon) de Honduras bajo la representación de Sonia Enriqueta Gámez Panchamé.

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