Acusan de enriquecimiento ilícito a ex funcionario de Banadesa contratado por Secretaría de Desarrollo

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El CNA presentó la denuncia en seguimiento a la acusación de la desaparecida Maccih -Ufecic

CNA reveló que la Secretaría de Desarrollo Económico e Inclusión Social (Sedis) contrató al empleado, acusado por la Maccih, y lo dejó a cargo de programas de ayuda social

Bajo el lema “reino de la impunidad y la corrupción se enriquece con inclusión y desarrollo”, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), presentó denuncia formal en TSC, contra Carlos Josué Romero Puerto que era coordinador del proyecto Programa de asignación familiar (PRAF)–Banadesa-Bono Diez Mil y ahora empleado de Sedis.

El denunciado ya enfrenta cargos de fraude por el caso de “corrupción sobre ruedas”, en el desvío de 11 millones de lempiras de Banadesa, que presentó la desaparecida Maccih-Ufecic, ante el Ministerio Público en septiembre del año pasado.

El CNA presentó la denuncia de enriquecimiento ilícito ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), y señala que “este empleado público que actualmente labora en la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) está a cargo de la gestión de toda la información inherente a los programas sociales, planillas de pago y/o entrega de beneficios a los sectores vulnerables”.

Cabe destacar que él ya había sido acusado por la Maccih-Ufecic en 2019 por 43 delitos de fraudes contra la administración pública. Durante su gestión (período 2007 – 2014) fungió como coordinador del proyecto Programa de Asignación Familiar (PRAF) en el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) que estaba dirigido al Bono Diez Mil.

La investigación del CNA profundizó respecto a los bienes que adquirió el denunciado, mismos que no logran justificarse con los ingresos legalmente percibidos entre él y su esposa, quien también se ha desempeñado como empleada de la Sedis.

Es decir, que se realizó un proceso de estado de origen y aplicación de activos familiares en el que se identificaron los ingresos legalmente percibidos por medio de su núcleo familiar, mismos que no consiguieron sufragar lo que poseen como patrimonio.

“Es posible entonces, identificar esta acción como un supuesto delito con la figura de enriquecimiento ilícito durante el período del año 2014 al 2019”, agrega el informe del CNA.

El denunciado se defiende actualmente en libertad por la acusación de fraude, de acuerdo al fallo del juez que lleva el caso en diciembre de 2019.

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