Las multas previstas se dirigen a los aproximadamente 1.4 millones de migrantes
El gobierno de Trump planea multar a los inmigrantes bajo órdenes de deportación con hasta $998 por día si no abandonan Estados Unidos y confiscar sus propiedades si no pagan, según documentos revisados por Reuters.
Las multas se derivan de una ley de 1996 esto se aplicó por primera vez en 2018, durante el primer mandato del presidente Donald Trump. La administración Trump planea aplicar las sanciones retroactivamente por hasta cinco años, lo que podría resultar en multas de más de US$1 millón según declaró un alto funcionario de Trump, quien solicitó el anonimato para poder hablar de planes no públicos.
La administración Trump también está considerando confiscar las propiedades de los inmigrantes que no paguen las multas, según correos electrónicos del gobierno
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Tricia McLaughlin, dijo en un comunicado que los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos deberían usar una aplicación móvil anteriormente conocida como CBP One (rebautizada como CBP Home bajo el gobierno de Trump) para “autodeportarse y abandonar el país ahora”.
“Si no lo hacen, enfrentarán las consecuencias”, dijo McLaughlin. “Esto incluye una multa de $998 por día por cada día que el inmigrante indocumentado sobrepase el plazo de su orden final de deportación”.
El DHS advirtió de las multas en una publicación en redes sociales del 31 de marzo.
Los correos electrónicos muestran que la Casa Blanca ha presionado a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos para que se ocupe del tema de las sanciones, las confiscaciones de propiedades de los inmigrantes que no pagan y la venta de sus activos.
La división de decomiso de activos civiles del Departamento de Justicia podría ser otra opción para las incautaciones, decía un correo electrónico.
El presidente Donald Trump inició una amplia ofensiva contra la inmigración tras asumir el cargo en enero, poniendo a prueba los límites de la ley estadounidense al aumentar los arrestos y las deportaciones. Las multas previstas se dirigen a los aproximadamente 1,4 millones de migrantes cuya deportación ha sido ordenada por un juez de inmigración.
Trump invocó la ley de 1996 durante su primer mandato para imponer multas de cientos de miles de dólares a nueve migrantes que buscaban refugio en iglesias. El gobierno retiró las sanciones, pero luego impuso multas menores, de unos $60.000 por persona, a al menos cuatro de los migrantes, según registros judiciales.
El presidente Joe Biden dejó de imponer las multas y rescindió políticas relacionadas cuando asumió el cargo en 2021.
Scott Shuchart, un alto funcionario de políticas de ICE bajo el gobierno de Biden, dijo que los migrantes y sus partidarios podrían impugnar las multas en los tribunales, pero que la amenaza por sí sola podría tener un efecto paralizador.
“Su objetivo no es realmente hacer cumplir la ley, sino proyectar miedo en las comunidades”, dijo.
Las incautaciones de activos propuestas contra los migrantes que no cumplan con las órdenes finales de deportación podrían afectar a los ciudadanos estadounidenses o a los residentes permanentes en sus hogares.
El grupo de defensa de los inmigrantes FWD.us estima que unos 10 millones de inmigrantes sin estatus legal ni protecciones temporales viven con ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes en lo que se conoce como “hogares de estatus mixto”.
Las elevadas multas podrían afectar a los inmigrantes de bajos ingresos. Un análisis de los datos del Censo de 2019 realizado por el Instituto de Política Migratoria, una entidad no partidista, concluyó que 6% de los hogares con inmigrantes no autorizados tenían ingresos inferiores a la línea de pobreza federal.
Trump ha dicho que las personas con órdenes finales de deportación deberían ser una prioridad para la expulsión, aunque muchas tienen familias, trabajos y vínculos establecidos en Estados Unidos.
