El Gobierno de Nicaragua expropió y confiscó de forma ilegal bienes de la inversión de la Empresa Tomza Guatemala, que ascienden a 4 millones de dólares, dijo Fernando Carreón, director de relaciones corporativas de Tomza Centroamérica.
La empresa de gas, con presencia en Honduras (Gas del Caribe), denunció la expropiación, seis años después de haberse instalado y sin haber conseguido operar en el país que preside Daniel Ortega.
“La envasadora de gas licuado Tomza, con presencia en diferentes países de Centroamérica, se convirtió en una de las últimas empresas expropiadas por el Gobierno nicaragüense”, aseguró la firma en un comunicado de prensa.
El director de Relaciones Corporativas de Tomza Centroamérica, Fernando Carreón, aseguró que la expropiación se dio formalmente en noviembre de 2020 de manera “silenciosa”, sin haber recibido comunicación alguna de las autoridades.
No fue hasta el 15 de marzo pasado que Tomza se enteró de la expropiación, cuando fue informada de que los portones del terreno que habían adquirido en 2015 “estaban pintados de verde, el color que utiliza Petronic”, la empresa estatal nicaragüense.
Carreón dijo que ese cambio le llamó la atención a la empresa guatemalteca y que por ese se hizo una investigación.
“El abogado nos dijo que se acababa de dar cuenta de que la propiedad fue expropiada en noviembre de 2020, el año covid-19, en tiempo en que casi nadie viaja y en que los gobiernos operan a medio tiempo”, exclamó.
Según el relato de Carreón, Tomza, dueña de la empresa Tropigas, fue autorizada a iniciar construcciones en Nicaragua en 2015. Ese año compró un terreno en el municipio de Tipitapa, a 30 kilómetros de Managua, y comenzó la construcción.
“(Pero) el 7 de junio de 2016, cuando la construcción iba en 92 % de avance, nos notifican la cancelación del permiso por parte del Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) y enseguida nos sacan de la propiedad, que queda resguardada por la Procuraduría General de la Nación”, narró.
Carreón afirmó que Tomza no estaba “haciendo nada diferente al resto de empresas” de gas y esgrimió que cuando los sacaron del terreno contaban con 85 trabajadores en el área de construcción y capacitación y su meta era contratar a 235 empleados, “pero ya no se concretó esa oportunidad”.
La inversión perdida es de “4 millones de dólares de capital guatemalteco, que se suman a la falta de empleo e incertidumbre legal”, dijo Carreón.
La empresa agregó que “si bien la expropiación de bienes es un derecho público, constitucional y administrativo de la nación, que se concreta en la transferencia de la propiedad privada desde al Estado; interviene también, una serie de garantías y derechos para las empresas, que por años han generado fuentes de empleo en la nación”.
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Archivado en:empresasExpropiacióninversiónNicaragua about:blankPlanta envasadora de gas que se construía en Nicaragua con inversión de Tomza Guatemala. (Foto, Prensa Libre: Cortesía Fernando Carreon/Tomza Centroamérica).
La empresa es subsidiaria de Tropigas de Guatemala y para instalarse en Nicaragua creó en ese país la firma Corporación Tomza, S. A., a cuyo nombre estaban los terrenos, además comercializaría el gas por medio de Envasadora de Nicaragua S.A. (Enisa), del mismo grupo, agregó el ejecutivo.about:blankabout:blankabout:blankabout:blankabout:blankLEA ADEMÁS:
El sur de la capital promete inversiones por US$77 millones
Expuso que el gobierno de ese país les había autorizado los permisos para la construcción en el 2015 en el municipio de Tipitapa, departamento de Managua, y también contaban con permisos municipales. Sin embargo, en el 2016, cuando la construcción llevaba un avance del 92% les fue retirado el permiso por el Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), y desde julio de ese año no se permite el ingreso de ninguna persona de la empresa. Indicó que fueron expulsados por la Fuerza Pública de ese país.
Añadió que hicieron intentos por reactivar el permiso, pero que en noviembre del 2020 la expropiaron. Según Carreon, de esto no se dieron cuenta porque nunca les notificaron al respecto, sino hasta marzo del 2021 porque parte del inmueble fue pintado de color verde, cuyos colores identifican a la Empresa Nicaragüense de Petróleo (Petrónic).
Agregó que el expediente ya no está en el Registro Público ya que lo resguardan las autoridades y que es “confidencial”.
Un boletín que según información extraoficial y documentos de la Procuraduría General de la Nación (de ese país), indican que, en la certificación de la Resolución 350-2020 de la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones se lee que el inmueble tiene un área de 84,601.487 metros cuadrados. Se agrega que un área de 77 mil 714.42 de estos están delineada a favor de Corporación Tomza, S. A, “y que el área de 12,042.69 metros cuadrados pertenecen al Estado de la República de Nicaragua, que es exactamente el área delimitada con el muro perimetral dentro del cual están las instalaciones”.
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“Ya habíamos visto la oportunidad de entrar en Nicaragua y de que era momento de desarrollar nuevos proyectos desde gas vehicular, desarrollo agropecuario y otros”, dijo.
El ejecutivo dijo que consideran ilegal la expropiación que refleja falta de seguridad jurídica para el inversionista. Además, sigue la creciente falta de oportunidades de empleo en ese país, ya que en el 2016 cuando llegaron las fuerzas de seguridad había 85 personas adentro, entre ellos, empleados de la construcción y otros en capacitación, y tenían previsto generar 235 empleos.
“Vamos a recurrir a instancias internacionales porque se están violando los derechos de una empresa trasnacional que con inversión extranjera” dijo.
Mientras que en el boletín compartido se expresó “Para las autoridades de la empresa expropiada, Tomza, el hecho es sin precedentes y sin cumplimiento de los procesos establecidos por las mismas leyes de dicho país. A la vez, se muestran preocupados por la continuidad y protección laboral de cientos de empleados de la empresa quienes, a través de los años de operar en Nicaragua, han sacado adelante la producción, obteniendo resultados que ahora será un beneficio directo para el Estado”