Tigo y Claro multadas con L10 millones por no bloquear llamadas desde centros penales

Tigo y Claro son los principales operadores de telefonía móvil, cable e internet en el país

Según Conatel, ya se contrató a una empresa para el bloqueo de llamadas que iniciará en dos cárceles

El Comisionado Presidente de CONATEL, Lorenzo Sauceda sostuvo que se contrató a una empresa encargada del bloqueo de llamadas desde centros penales, y que multaron con 10 millones de lempiras a las empresas Tigo y Claro por no cumplir con esa medida.

“CONATEL está en el deber y lo hemos estado cumpliendo, de obligar a los operadores a que bloqueen pero con una tecnología de última generación y en eso sí debo decirlo,ya contrataron una empresa de altísimo nivel, de mucha experiencia, de mucha capacidad en el bloqueo”, dijo.

El presidente de la Comsión Nacional de Telecomunicaciones, aseguró que pronto “vamos a tener las dos primeras cárceles bloqueadas, Támara e Ilama. Ya va un proceso y lo enfatizo y lo reitero, en noviembre tendremos los 24 centros penales debidamente bloqueados por los operadores”.

Sobre las multas a los operadores privados, dijo que hay “tres momentos” en la ley que terminan con la pérdida de la concesión.

Hay procesos que hay que respetarlos, declaró, pero si se llega a última instancia de otra multa o quitarle los permisos en cualquier momento. “Hay tres momentos, ya fueron multados por el asunto de bloqueo, una multa por 10 millones, por los bloqueos, no por los chips, los chips nosotros los impusimos”, apuntó.

“Un segundo momento, que está en proceso, es una segunda multa por no bloquear las llamadas desde los centros penales, y la tercera es de revocación de la concesión y ahí pierden ellos sus derechos que tienen hacer el uso del espectro”, añadió.

Frecuencias y nueva ley

Sauceda, dijo que están a la espera de una nueva ley que se tiene en el Congreso Nacional para regular de mejor forma el sector, pero que avanzan con medidas de control como la auditoría de frecuencias y la posibe cancelación de varios permisos.

“En el Congreso tenemos una ley que tiene dos años y no sé por qué ha dormido tanto y también eso lo digo porque ha afectado a la sociedad, pero independiente de esa ley, nosotros hemos elaborado normativas en CONATEL y esas normativas también es de obligatorio cumplimiento para los operadores”, dijo.

Una de las medidas es la auditoría de las frecuencias autorizadas y su uso. “Tenemos un listado enorme de cuántas frecuencias ha otorgado CONATEL y así mismo tenemos quienes las tienen debidamente utilizadas y cuántas están subutilizadas o no utilizadas, muchas veces comercializadas entre particulares o rentadas como una casa de alquiler”, cuestionó.

Y eso lo vamos a corregir, aseveró, porque ese es un bien natural, es un recurso del Estado y debe ser aprovechado al máximo para el efecto de las telecomunicaciones y también para otros usos que necesite el espectro. “Ya iniciamos un proceso de verificación de quién tiene frecuencias y si le están dando el uso correcto, de no ser así, pues van a ser revocadas a favor del Estado hondureño”, concluyó.

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