Aunque la estatal de energía arrastra deudas de más de 17.000 millones de lempiras con proveedores en el presente año y un pasivo (deudas) de más de 92.000 millones (al mes de abril), la Secretaría de Energía (SEN) informó que el Presupuesto General de 2023 tendrá un aumento de 18.000 millones de lempiras.
Adicionalmente se proyectan 2.000 millones de lempiras más para la Secretaría de Energía.
De concretarse el anuncio, reiterado por el ministro de Energía, Erick Tejada, se tendría un alza presupuestaria de más del 45% en la ENEE, que pasaría de “40.151 millones” a más de 58.100 millones de lempiras, mientras la SEN, que ya tuvo un millonario aumento este año, pasaría de “19.217 millones” a más de 21.200 millones de lempiras para 2023.
Es decir que este año, la ENEE y la SEN administran “más de 59.368 millones de lempiras”, pero no han logrado reducir el déficit anual y el endeudamiento con los proveedores (generadores de energía en su mayoría) que reclaman pagos por más de 17.000 millones de lempiras, con cifras al mes de abril.
La ENEE no ha presentado los registros actualizados de déficit administrativo y financiero. El pago de salarios sigue dominando el presupuesto de la ENEE.
La directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (AHPEE), Karla Martínez, reafirmó que hay un “remanente de facturas pendientes del 2021 y todas las del 2022”, lo que pone en precario el funcionamiento de las generadoras porque tienen préstamos con la banca nacional y multilateral por la construcción de los proyectos y también las empresas térmicas que necesitan la materia prima para la generación de energía.
La renegociación de contratos, propuesta por el Gobierno, ha dilatado los pagos a pesar que las ventas de la ENEE se han mantenido en alza este año.
“Esperamos que se invierta en mejorar la red eléctrica y reducir las pérdidas de energia (35%), pero se debe reducir la mora con los generadores para que se equilibre la situación financiera”, opinó.
La falta de pago y las reformas a la Ley de Energía, desincentivan la inversión privada en el sector y no hay “señales de cambio”, consideró Salomón Ordoñez, asesor del Cohep.
