Después que la firma Standard & Poors bajara la calificación de riesgo de Colombia (de BBB- a BB+) y dejara al país sin grado de inversión, se abrió el panorama de la dura situación que viven al menos ocho países más de la región que también han sido calificados con severidad por las grandes firmas globales.
El crítico ambiente político y social que ha vivido la región durante los últimos años y que se ha acrecentado con manifestaciones en Chile y Colombia; las protestas en contra de la administración de Bolsonaro en Brasil; la crisis económica en Argentina; la forma de gobierno de Nicolás Maduro, los cambios judiciales en El Salvador y el duro golpe propiciado a la economía de la región por el coronavirus, han puesto en jaque la reputación crediticia de los países latinoamericanos y por consiguiente una reducción generalizada del grado de inversión.
En ese sentido, Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Brasil y Paraguay, han sido los países con peores puntajes ante las firmas calificadoras, mientras El Salvador tiene Perspectiva Negativa, pero México y Chile han sabido mantenerse
Al analizar los puntajes, el país con peores calificaciones en el bloque sur del continente es Venezuela, en la que tres de las calificadoras más importantes, como Moody’s, Standard & Poors y Fitch Ratings, han otorgado una nota de riesgo C o extremadamente especulativa y calificación grado DS, que significa que hay pocas perspectivas de recuperación. Actualmente, el país no está recomendado para invertir ni para obtener crédito público debido a los altos niveles de riesgos generados por la crisis política y social.
Argentina, por su lado, es otros de los casos más graves en la región. Luego de ser uno de los países más prósperos, ahora es el que presenta el mayor nivel de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional; tiene registros de inflación anuales superiores a 105% y la pandemia ha llevado a esta nación a la contracción más grande de toda la región, llegando a 10% al finalizar el primer año de la crisis.
Las firmas de riesgo han asignado calificaciones por debajo del grado de inversión: en el caso de Moody’s la puntuación es de Ca o extremadamente especulativa; Standard & Poor’s ubicó a Argentina en CCC+ o economía de riesgo sustancial y finalmente Fitch Ratings le asignó la categoría CCC.
Por el lado de Ecuador, la calificadora Moody’s es la que registró la puntuación más estricta y ubicó así al país en Caa3, la última dentro de la categoría de economía de riesgo sustancial. Por su parte, Standard & Poor’s y Fitch Ratings calificaron a Ecuador como B- o lo que se traduce en “altamente especulativa”.
Mientras tanto, Bolivia muestra una tendencia un poco más recuperada, aunque está catalogada por las calificadoras dentro del rango de altamente especulativa, con calificaciones de B2, B y B +.
Colombia que se ubicó en el quinto lugar, luego de la reciente reducción en la calificación, abre el grupo de países que, aunque sin grado de inversión tiene posibilidades de recuperación a mediano plazo.
Siguiendo con las calificaciones, debajo de Colombia se ubicaron Costa Rica y Guatemala con calificaciones de B2 y B, y Ba1 y BB-, respectivamente lo que deja a estas dos economías en la categoría de grado de inversión especulativa, para las calificadoras. Honduras tiene notas de BB- al igual que Guatemala y B1 de Moodys, que son bajas pero se han mantenido estables.
Detrás de estas naciones, se sumaron Brasil, que fue calificada con un valor de Ba2 por Moody’s y BB- por S&P y Fitchs Ratings; y Paraguay, que logró Ba1 en el ranking de Moody’s y BB Y BB+ en S&P y Fitch Ratings.
En esa misma línea, el analista Gandini mencionó que uno de los ítems que han venido castigando las calificadoras es la baja gobernabilidad de los países y la incapacidad de los gobiernos para tramitar reformas que sean aprobadas por el legislativo.
Gobiernos de la región llamados a presentar nuevos planes fiscales
De acuerdo con los expertos, la recuperación de los países de la región y la disminución en los niveles de incertidumbre financiera dependerá en gran medida de las acciones que los Gobiernos estén dispuestos a implementar para recuperar la confianza de la población en las políticas públicas y fiscales y en la capacidad de maniobra para calmar el estallido social que ha venido en aumento en la región. De la misma manera, los gobernantes tendrán la tarea de presentar nuevos planes fiscales que sean aprobados por la ciudadanía.
