El Fiscal General, Johel Zelaya ordenó este miércoles a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), intervenir el Consejo Nacional Electoral (CNE), y secuestre toda la documentación del proceso electoral.
La medida, bajo el argumento de denuncia por la renuncia de una consejera Ana Paola Hall, fue cuestionada por diferentes sectores (políticos y religiosos), entre ellos el privado. El Cohep recordó al MP que el CNE es un ente autónomo y goza de independencia y la intervención es arbitraria.
Haciendo caso omiso a los reclamos, el Fiscal dijo que “los agentes deben de recolectar pruebas que tienen que estar en poder del Ministerio Público para investigar todas las denuncias de conspiración, extorsión y las denuncias entre sí de los consejeros”.
La acción es inédita en el marco de los procesos electorales desde el retorno de la vida democrática en 1980 y ocurre al día siguiente que el presidente del Congreso, Luis Redondo rechazara la renuncia de la consejera y ordenara una investigación de la “denuncia” de Hall.
Zelaya agregó que el país vive momentos de incertidumbre, pero el Ministerio Público va a garantizar elecciones generales.
“Hay una conspiración en contra de las elecciones generales que no la vamos a permitir, ahora se unen nuevos actores, a los actores de 2017 y es información que tiene el Ministerio Público”, apuntó en línea con el discurso gubernamental del Partido LIBRE.
Agregó que a los tres consejeros les llegará una citación y tienen que contestarlas de forma inmediata.
“Hay un TREP y debe de haber un TREP, a la fiscalía no le interesa que sean altos funcionarios, hay que poner un alto a esta conspiración”, sostuvo.
Cohep exige que se respete independencia del CNE
Por su parte, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) exigió que se respete la independencia y la autonomía del Consejo Nacional Electoral (CNE) y que no haya intromisiones externas.
En el pronunciamiento del Cohep se exhorta a los consejeros del CNE que actúen con responsabilidad institucional y cumplan de manera estricta con los mandatos establecidos en la Constitución de la República y en la Ley Electoral vigente.
Señalan que es indispensable garantizar el respeto entre los poderes y órganos del Estado, reconociendo los límites que la misma Constitución les establece.
“Cualquier intento de interferencia o presión indebida contra el CNE atenta contra la institucionalidad democrática y pone en riesgo la estabilidad social del país”, agrega el informe.
Instan al Congreso Nacional a ampliar el plazo para la adjudicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) con el propósito de garantizar la calidad de las elecciones del domingo 30 de noviembre.
“El MP no se puede atribuir la decisión de decir que habrán elecciones, esa es una potestad única del CNE”, señaló el director del Cohep, Armando Urtecho.
