La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), defendió el lanzamiento de la licitación de 1.500 megavatios asegurando que se busca “eliminar” generación de plantas “viejas” de bunker y diésel. También buscarían un préstamo con el BCIE para garantía del proceso.
Leonardo Deras, Comisionado de la CREE, dijo el país tiene compromisos por temas de mejoramiento y en contra del cambio climático, y los inversionistas optarán por plantas renovables que sean de rápida recuperación de capital, como solares, eólicas, con baterías, nuevas tecnologías y el gas natural que es un combustible de transición.
“El número de 1.500 MW (el 50% de la potencia actual instalada en el país) causa un poquito de duda, pero es que en realidad lo que se busca es eliminar toda la generación que pueda ser búnker y pueda ser diésel de tecnología vieja. Se permite búnker, pero con tecnología más actualizada, con mejores rendimiento, con mejores equipos que controlen las emisiones y además que la ENEE anda buscando que las plantas sean totalmente nuevas para que después de 15 años las plantas sean de la ENEE y que estén en muy buenas condiciones”, apuntó.
Es un tema de seguridad económica, añadió, que tienen los inversionistas que puedan participar, teniendo en cuenta los problemas de pérdidas de la ENEE, las deudas con generadores y el arrendamiento y operación de las plantas estatales.
“Por lo tanto, si hay un déficit, ese déficit es el que debe de ser cubierto con garantía especial, en este caso el Banco Centroamericano ha levantado la mano y dice que está en la disposición de negociar un préstamo con el Gobierno de Honduras que permita pagar ese déficit que pudiera haber”, reveló.
Sin embargo, habrá que tomar en cuenta las proyecciones que tiene el programa de recuperación de pérdida, que aumentaría los flujos de la ENEE y por lo tanto el uso del préstamo se iría reduciendo.
Deras dijo que el plazo de las ofertas estaría para ser presentadas en un término de seis meses. “Esperaríamos nosotros que, si hay apetito en el mercado, podría conocerse en este año y pudiera adjudicarse estos contratos, que también tendrían que ir al Congreso Nacional porque su vigencia trasciende la siguiente legislatura de Gobierno”, apuntó.
Se estima que los proyectos aprobados entrarían en operación en los años 2027, 2028 y el 2030.
