Unos 302 millones de menores de edad han son víctimas de explotación y abuso sexual en línea cada año, según reveló un informe de Childlight Global Child Safety Institute org.
Las cifras suponen que uno de cada ocho niños está expuesto cada año al intercambio, toma y/o exposición de imágenes y videos con contenido sexual en línea, además de solicitudes de sexting (sexo por Internet), conversaciones sexuales, preguntas y solicitudes de actos sexuales no deseados por parte de adultos u otros jóvenes.
Los delitos de abuso sexual en línea incluyen la sextorsión (chantaje sexual en el que los depredadores exigen dinero a las víctimas a cambio de no publicar imágenes íntimas suyas) y deepfakes (el uso de la Inteligencia Artificial para crear videos y fotos manipuladas).
Aunque se trata de un asunto global, el estudio destaca a África Oriental y Meridional y Europa Oriental con el 21.8 por ciento y 14.1 por ciento, respectivamente, como las regiones en donde prevalece la exposición de imágenes y videos sexuales en línea.
Sin embargo, otras regiones como América Latina y África Occidental y Central no reportaron cifras actuales de estos delitos.
Por su parte, Estados Unidos es una de las regiones con mayor riesgo para los menores, en donde uno de cada nueve hombres admitió haber cometido en algún momento un delito en Internet contra menores.
El estudio contó con una revisión sistemática realizada en seis idiomas de la ONU (Organización de Naciones Unidas), que incorporó un metanálisis para comparar los datos disponibles con las revisiones narrativas tradicionales.
Sin embargo, esta diversidad de información depende del acceso a Internet que tienen los menores y de la cantidad de estudios que los propios países han dedicado a esta investigación. Asimismo, pone en manifiesto la necesidad de estandarizar la clasificación y la terminología de este tipo de delitos sexuales que han sido etiquetados con varios términos y se han agrupado en categorías conceptuales diferentes.
Childlight.org sugiere que “las organizaciones de datos avancen hacia categorías y criterios de evaluación más armonizados en el análisis de material de abuso sexual en menores. Así como coordinar y apoyar estudios basados en datos entre los actores en torno a la eliminación de ese tipo de contenido en línea”.
Además, insta a cerrar las brechas en los datos de prevalencia, específicamente en regiones donde la evidencia es limitada o inexistente.