Un juez estadounidense bloqueó una política de la administración Trump que durante meses ha permitido a los agentes federales expulsar rápidamente a inmigrantes indocumentados sin el debido proceso de cualquier lugar de Estados Unidos si no pueden demostrar rápidamente que han estado en el país durante más de dos años.
La decisión del viernes suspende una norma promulgada en enero que se ha convertido en un elemento clave de la iniciativa de deportación masiva del presidente Donald Trump. Esta norma amplió una política conocida como “expulsión acelerada”, que durante mucho tiempo se había aplicado únicamente a inmigrantes detenidos cerca de la frontera estadounidense y solo si llevaban unas semanas o menos en el país.
La nueva política permitía que dichas deportaciones se llevaran a cabo desde cualquier lugar de Estados Unidos y a cualquier persona con menos de dos años de residencia en el país. Sin embargo, el proceso de deportación acelerada siempre ha dejado demasiado margen de error, según declaró la jueza federal de distrito Jia Cobb en el fallo, incluyendo la deportación rápida de personas con motivos legítimos para permanecer en Estados Unidos. Ampliar la política solo permite más errores, posiblemente irreversibles, añadió.
“El gobierno podría acusarlo de entrar ilegalmente, someterlo a un procedimiento simple donde ‘probaría’ su entrada ilegal y luego expulsarlo inmediatamente”, escribió Cobb. “Con solo acusarlo de entrar ilegalmente, el gobierno lo privaría de cualquier oportunidad significativa para refutar sus acusaciones”.
Cobb calificó los argumentos del gobierno de “sorprendentes” y señaló que significa que los inmigrantes indocumentados “no tienen derecho a ningún proceso bajo la Quinta Enmienda, sino que deben aceptar cualquier gracia que les brinde el Congreso”.
Esta decisión representa el último revés para la ofensiva del gobierno de Trump contra los inmigrantes indocumentados, lo que ha generado un temor generalizado entre millones de migrantes de ser detenidos repentinamente por agentes enmascarados y expulsados de Estados Unidos sin apenas recursos. En otro caso, un juez federal de Los Ángeles impidió que los funcionarios de inmigración utilizaran perfiles raciales en sus redadas de migrantes en la región. El gobierno ha solicitado a la Corte Suprema de Estados Unidos que suspenda esa decisión.
En una declaración sobre la decisión de Cobb, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que el fallo fue emitido por un “juez activista” y no reconoce la autoridad del presidente sobre inmigración.
“La administración anterior facilitó una invasión de nuestro país por la frontera sur”, según el comunicado. “El DHS está ejerciendo toda su autoridad bajo la ley federal al someter a deportación acelerada a los inmigrantes indocumentados que llevan menos de dos años en el país”.
Cobb dijo en su fallo que el precedente de la Corte Suprema y la Constitución han garantizado durante mucho tiempo que las personas que están en Estados Unidos ilegalmente y que anteriormente no estaban sujetas a la política de deportación acelerada tienen derecho a impugnar significativamente su deportación.
“Por lo tanto, el tribunal rechaza la solicitud extraordinaria del Gobierno de tratar como fuera de la garantía del debido proceso de la Constitución a los millones de inmigrantes que, aunque hayan ingresado ilegalmente, han establecido sus vidas aquí y han hecho de este país su hogar”, dijo Cobb.
La demanda, presentada el 22 de enero por la organización sin fines de lucro Make the Road New York, con sede en Brooklyn, impugnó la política de Trump de permitir que “oficiales de inmigración de bajo nivel” deportaran sumariamente a extranjeros sin brindarles acceso adecuado a abogados ni la oportunidad de recabar pruebas.
“La decisión de la administración de ampliar la deportación acelerada a un amplio grupo de no ciudadanos que viven en cualquier parte de los Estados Unidos ignora casi tres décadas de experiencia que muestran que el proceso de deportación acelerada, incluso cuando se utiliza en la frontera para los recién llegados, está plagado de errores y da lugar a violaciones generalizadas de los derechos legales de las personas”, dijo el grupo en la denuncia.
