Las autoridades hondureñas incautaron este viernes la casa y decenas de propiedades, productos financieros y otros bienes al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien espera ser extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico.
La lista incluye la residencia en Tegucigalpa de Hernández donde fue capturado el pasado 15 de febrero, dando inicio al proceso para su extradición, cuya fecha aún está sin definirse.
Tras una investigación sobre los bienes “vinculados al núcleo familiar” de Hernández, las autoridades decomisaron en total “33 inmuebles, distribuidos en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Lempira, ocho sociedades mercantiles, 16 vehículos y productos financieros”, indicó la fiscalía.
Según el MP, la fiscalía presentó al juzgado de privación de dominio una solicitud para efectuar las incautaciones luego de investigar las relaciones de Hernández con personas vinculadas al narcotráfico.
“Los fuertes antecedentes de hechos plasmados en los informes de investigación” sustentan las medidas, indicó el comunicado del MP, que antes de la solicitud de extradición de Estados Unidos no había emprendido acciones contra el expresidente.
Es importante destacar que el Juez competente decidió otorgar el aseguramiento del total de bienes fijados en la pretensión del Ministerio Público, (lo que implica una prohibición registral de celebrar actos y contratos sobre los referidos bienes).
El Ministerio Público es del criterio que en relación a los bienes otorgados en dación de pago a una institución financiera, luego de iniciado el proceso de extradición, se debe examinar la debida diligencia y acreditación de una tercería de buena fe exenta de culpa, mientras que sobre el resto de bienes han recaído inversiones en concepto de mejoras que entran en el periodo de investigación y por tanto constituyen una mezcla de capitales, como precepto autorizante para el otorgamiento de las medidas solicitadas por el ente fiscal.
Proceso lento para extradición
Hernández, que dejó la presidencia en enero tras ocho años en el poder, fue detenido a mediados de febrero, un día después de que Washington pidió su extradición.
Un mes después un juez ordenó su extradición, que fue ratificada el lunes por la Corte Suprema de Justicia de Honduras tras desestimar un recurso de la defensa. Pero los abogados defensores interpusieron un recurso de amparo para detener la extradición, argumentando la “violación de los derechos humanos” de Hernández durante el proceso. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema aún debe decidir si admite o no el amparo.
En Estados Unidos Hernández es acusado de “conspiración (…) para importar sustancia controlada” y “poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos”, según fiscales federales de Nueva York.
