Tras la aprobación de la ley “One Big Beautiful Bill” (la ley grande y hermosa), por el gobierno de Estados Unidos, se incluyó el impuesto de 1% (5% original) al envío de remesas. Pero la aplicación no es inmediata ni general, explicaron las autoridades estadounidenses.
“Se impone a cualquier transferencia de remesas un impuesto equivalente al 1 por ciento del importe”, establece el documento aprobado. Pero establece que el impuesto “entrará en vigor el 31 de diciembre de 2025 y solo se aplicará a transferencias en efectivo o mediante instrumentos similares, como cheques de caja“.
Es decir que “quedarán exentas las transferencias realizadas desde cuentas bancarias estadounidenses o mediante tarjetas de crédito o débito emitidas en EEUU”.
El titular de la transferencia será el responsable de pagar el impuesto, lo que ha generado inquietud entre comunidades migrantes y gobiernos latinoamericanos por el posible impacto económico.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 2024 las remesas a América Latina y el Caribe alcanzaron un récord de 161 mil millones de dólares, siendo México el principal receptor con casi 65 mil millones.
En países centroamericanos como Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, las remesas representan más del 15% del PIB, según datos del Banco Mundial. En Chiapas y Guerrero (México), estas aportaciones superan el 13% del PIB estatal.
En México el gobierno ha propuesto reembolsar el 1% del impuesto a los migrantes que envían dinero en efectivo.
En Honduras, las proyecciones preliminares hablan de un impacto de 100 millones de dólares, pero la cifra sería menor.
