El organismo advierte sobre el uso de fideicomisos, el gasto de alcaldías y reportes de bancos estatales
Una Evaluación de Transparencia Fiscal de Honduras, el Fondo Monetario Internacional señala una serie de incumplimientos en la información que se suministra sobre fideicomisos, gastos de las Alcaldías, cifras de bancos estatales y gastos futuros en pensiones y salud.
La evaluación se realizó sobre datos de Finanzas para el 2018, aunque la evaluación terminó en abril del año pasado y se entregó este mes al Gobierno. En total se señala el incumplimiento en ocho principios de transparencia fiscal del FMI, ente con el que se tiene un Acuerdo Stand By.
El informe se realizó, “en respuesta a una solicitud de la Secretaria de Finanzas de Honduras, una misión del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional visitó la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, del 22 de octubre al 5 de noviembre de 2018 para realizar una evaluación de la transparencia de las finanzas públicas de acuerdo con los tres primeros pilares del Código de Transparencia Fiscal del FMI”.
La misión estuvo compuesta por Ramón Hurtado (Jefe de misión), Concha Verdugo, Mariana Sabatés (STA), Marta Morano y Natalia Salazar. Jean-Baptiste Gros, experto residente de largo plazo de (CAPTAC-DR) participó en las reuniones iniciales. El Sr. Jaume Puig, representante del Departamento para el Hemisferio Occidental (WHD) residente en Honduras participó tanto de las reuniones iniciales como de la reunión final con las autoridades.
“Las actuales prácticas de transparencia fiscal de Honduras no cumplen con el nivel básico en 8 principios”, concluye el informe. A continuación un resumen de los tres pilares evaluados por el FMI.
Pilar I: Reportes fiscales
Hay áreas donde la transparencia de los reportes fiscales puede mejorarse con facilidad. Si bien la cobertura institucional de los datos fiscales es amplia, apuntando al Sector Público No Financiero (SPNF), esta no es completa por la falta de datos sobre ejecución de los fondos gestionados por los fideicomisos y el retraso en la información reportada por las municipalidades.
La información disponible (mensual o trimestral) sobre financiamiento no es exhaustiva y se presenta con cierta demora respecto al resto de publicaciones de ejecución presupuestaria y cuentas financieras. Esta información es especialmente relevante porque es la que permite contrastar la consistencia de la información sobre el resultado fiscal.
Los estados de situación financiera consolidados del Sector Público (SP) no son completos. En 2017, algunas instituciones bien entregaron tarde la información o bien no presentaron los estados financieros a la Contaduría General de la República CGR a diciembre. Solo se incorpora información del 20 por ciento del total de gastos de los municipios.
El análisis realizado en la documentación presupuestaria sobre gasto tributario incorpora metodología y detalle por sectores solo para 2017, debiendo ampliarse al 2018 y 2019 con el mismo detalle. El informe de rendición de cuentas del TSC opina ampliamente sobre las metas alcanzadas en la ejecución presupuestaria, sin embargo, no emite una opinión cualificada sobre la confiabilidad de la Cuenta General del Estado, limitando su análisis a la cuenta de Bienes Patrimoniales del Estado.
Pilar II: Presupuestos y pronósticos fiscales
Se han hecho esfuerzos importantes por divulgar y comunicar el presupuesto aprobado en un lenguaje sencillo, cercano a la ciudadanía, para promover su participación. No obstante, hay áreas donde las mejoras técnicas sustantivas pueden realizarse de forma relativamente sencilla, si bien necesitarían de apoyo a nivel político. La cobertura institucional de los presupuestos es incompleta, de forma que hay una parte de los recursos públicos que escapan al proceso presupuestario rompiendo con ello el principio de unidad y de anualidad.
El nivel de transparencia mejoraría si en los documentos que acompañan al presupuesto se hiciesen explícitos los supuestos más relevantes en los que se sustentan las proyecciones macroeconómicas y se discutieran las revisiones y su impacto en las previsiones fiscales.
Pilar III: Análisis y gestión de riesgos fiscales Existen cálculos para determinados riesgos específicos como avales, demandas legales y Asociaciones Público Privadas (APP). Para otros riesgos como los de las empresas públicas (EEPP) y municipalidades, se han desarrollado las metodologías, pero falta concluir los cálculos.
El Banco Central de Honduras (BCH) publica informes semestrales sobre la estabilidad del sistema financiero. Sin embargo, el análisis y la gestión de los riesgos fiscales son todavía incipientes y necesitan ser fortalecidos.
El análisis de supuestos macroeconómicos y sus implicaciones para las variables fiscales no se publica, aunque existan múltiples estudios internos en DGPMF. El análisis y el manejo de riesgos específicos deben mejorarse y coordinarse entre diferentes instituciones.
La divulgación de los riesgos no es completa y su relación con las proyecciones fiscales no es clara. Si bien existe en las normas la posibilidad de asignar recursos para imprevistos, esta asignación ha sido en general inferior al límite permitido, por lo que las eventualidades por temor de su magnitud deben ser cubiertas mediante modificaciones al presupuesto que erosionan la efectividad de su planeación.
Las estrategias para mitigar los riesgos asociados con los pasivos no relacionados con la deuda, y de los activos financieros y no financieros no están claras. Riesgos importantes emergen en el manejo de los activos y pasivos de los fideicomisos, los cuales no se divulgan.
El patrimonio neto de los fideicomisos representa el 2.3 por ciento del producto interior bruto (PIB) en 2017. Las garantías extendidas por el gobierno representan una contingencia fiscal importante para la administración central. Estas contingencias están hasta ahora en proceso de cuantificación.
El Sistema Financiero está bien capitalizado y tiene adecuados nivel de liquidez, pero existen importantes riesgos asociados a un banco estatal, el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), que comprende pasivos agregados del 1.09 por ciento del PIB del 2017 y que no son totalmente analizados y divulgados.
Las contingencias asociadas a desastres naturales no formarán parte del informe de riesgos que está preparando el Gobierno y que presentará el año que viene. Las municipalidades son un sector importante (7.5 por ciento del gasto del Gobierno General), y su endeudamiento está limitado, sin embargo, no hay un informe anual que divulgue su desempeño financiero.
