Las protestas de la oposición legislativa del debido proceso volvió a ser ignorado con la publicación en el diario oficial La Gaceta el decreto de tres contratos de préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF), por un monto total de 190 millones de dólares.
Los contratos, suscritos por el Poder Ejecutivo, fueron aprobados con menos de 60 votos a inicios del mes, pero el acta no fue ratificada en el pleno del Congreso, procedimiento establecido en la Ley. La falta de aprobación del acta, el martes anterior, provocó protestas de diputados que llevaron a suspender la sesión donde se presentó el presupuesto para las elecciones generales.
Según el texto publicado en La Gaceta, la Secretaría de Finanzas formalizó el acuerdo con la CAF en representación del Estado hondureño. El documento fue suscrito por Maximiliano Ricardo Alonso, ciudadano belga, en representación de la CAF, con plenas facultades para actuar como prestamista internacional.
Sin embargo, legisladores de oposición y expertos en derecho constitucional han denunciado que el proceso carece de legalidad, ya que los préstamos fueron publicados sin que el Congreso Nacional haya aprobado el acta correspondiente, lo cual es un requisito indispensable para dar validez a cualquier votación o decisión legislativa.
Esto constituye una clara violación al principio de legalidad y al debido proceso parlamentario. No se puede publicar un decreto si no ha sido debidamente ratificado por el pleno, advierten varios diputados de oposición.
La acción ha generado preocupación entre diversos sectores políticos y jurídicos, que consideran que este tipo de procedimientos arbitrarios podrían abrir la puerta a la anulación de los contratos o futuras sanciones por parte de organismos multilaterales.
