Tras el cierre de Coalianza, aprobada por el Consejo de Ministros mediante el decreto ejecutivo PCM – 063-2019, se debe abrir una investigación sobre las razones del fracaso de una institución que firmó millonarias concesiones.
Así lo estima la ONG, ASJ, que tiene representación de Transparencia Internacional, y que incluirían en el informe de este año los informes del gobierno sobre la liquidación de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (Coalianza),
En pronunciamiento público la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), recordó que el fracaso del Corredor Turístico, una de las APP firmadas por Coalianza, generó más de 300 millones de dólares en pérdidas y se debe investigar las “irregularidades” del proyecto y la responsabilidad de los directivos.
Señala que Coalianza es una “institución que durante su gestión ha demostrado opacidad, ineficiencia y falta de rendición de cuentas, factores que promueven la corrupción en la administración pública”.
A continuación el comunicado.
Carlos Hernández, director ejecutivo de ASJ, sostiene que ese ente hizo una investigación sobre el Corredor Turístico y “pudimos demostrar de manera objetiva las irregularidades que se dieron en la adjudicación de este proyecto, pero también pudimos señalar una serie de situaciones que podían costar al Estado hasta 300 millones de dólares”.
El gobierno, agregó, contrató una firma internacional para hacer el estudio y suponemos que ellos recomendaron el cierre.
“Ahora hay que revisar la Ley, proteger el modelo de alianza público-privada, pero hay que asegurarse que tengamos la gente adecuada, que haya transparencia y que se proteja los intereses de los hondureños ya que son proyectos enormes”, destacó.
A criterio de Hernández, existe una investigación del caso en el Ministerio Público ya que se tratad de un caso que debería ser incluido en los informes de la MACCIH.
“Aquí al importante que se haga justicia, o sea, si se confirma que hubieron irregularidades creo que hay que hacer las sanciones ya sea administrativa, sí fue negligencia o fue inoperancia. Pero también acciones penales, si se demuestra que el Estado hondureño perdió dinero por este proyecto y otros”, apuntó.
