La asamblea legislativa de Nicaragua se dispone a votar un proyecto de ley para revisar el sistema bancario de la vecina nación, que daría al Estado el control sobre el nombramiento de la dirección en las instituciones financieras privadas del país.
El proyecto de ley, enviado por el presidente Daniel Ortega al Congreso, fue presentado a los legisladores el lunes. La propuesta otorgaría al regulador bancario nacional la capacidad de nombrar a los ejecutivos bancarios de las empresas privadas.
El regulador también podría disolver o liquidar bancos por decreto, reza el texto del proyecto de ley.
La propuesta representaría el último endurecimiento del control estatal sobre el sector. El mes pasado, la legislatura aliada de Ortega aprobó un proyecto de ley que obliga a los bancos a ignorar las sanciones contra los nicaragüenses a nivel local.
Decenas de funcionarios del gobierno de Ortega, incluida su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y varios de sus hijos, han sido sancionados en el extranjero por supuestas violaciones de los derechos humanos durante la represión de las protestas antigubernamentales en 2018.
“Esto distorsiona totalmente el funcionamiento del mercado”, dijo el economista Marco Aurelio Peña al medio local 100 Noticias. “Una cosa es regular y supervisar (a los bancos) y otra es administrarlos (realmente)”.
Se espera que la propuesta sea aprobada fácilmente por la legislatura unicameral de Nicaragua. Se convertirá en ley una vez que se publique en la gaceta nacional.
