Finanzas presentó 21 medidas prioritarias del plan de Gobierno en materia de deuda pública, presupuesto, energía y salarios

Reformas a la política energética entre las principales medidas del Gobierno

La ministra de Finanzas, Rixi Moncada dio a conocer las 21 medidas que impulsará esa institución en la actual administración en materia de finanzas y deuda pública, energía, fideicomisos y topes salariales para altos funcionarios.

En exposición sobre las finanzas públicas, la funcionaria cuestionó el manejo de los fideicomisos creados por el Gobierno y que están en poder de varios bancos (Atlántida, Ficohsa, BAC, Lafise y Occidente). “13 de 70 fideicomisos creados, manejan más de 12.000 millones de lempiras”, apuntó.

Moncada incluye entre las medidas la participación de la MACCIH en las futuras investigaciones, además de pedir que la ENEE sea declarada patrimonio nacional para evitar su privatización, la negociación de contratos de energía y la revisión de la deuda con el Banco Central de Honduras (BCH).

También se propone establecer un tope salarial de 137.600 lempiras, que es el sueldo de la Presidenta, Xiomara Castro, y construir la represas Jicatuyo y Los Llanitos (manejadas en un fideicomiso), entre otros planes.

A continuación las 21 medidas presentadas:

-Todos los poderes y órganos del Estado tienen el deber de registrar en forma transparente la ejecución del presupuesto asignado, respetando su autonomía y su independencia.

-Reformular el Presupuesto, para lo cual nuestros Viceministros han trabajado ya el documento de anteproyecto. Reformular el presupuesto reorientando los recursos hacia los programas de mayor impacto social; transparentando todos los renglones, eliminando gastos, comisiones, programas y cuentas creadas para desviar fondos con intereses políticos y particulares.

-Los fideicomisos, deben ser sometidos a revisión y auditoría para determinar la existencia o no de responsabilidad civil, administrativa o penal, y en su caso proceder a la liquidación. Los recursos disponibles deben ser transferidos a la Cuenta Única del Tesoro. Los proyectos en ejecución deben ser finalizados a través de la Secretaría que corresponda.

-Los contratos de APP, deben ser sometidos a revisión y auditoría para determinar la existencia o no de responsabilidad civil, administrativa o penal. Las demandas y reclamos administrativos presentados contra el Estado, deben trasladarse a la Procuraduría General de la República en su condición de Representante Legal del Estado.

-Presentar un Plan de Pago de Deuda Pública ante la banca privada y los organismos de financiamiento internacionales.

-Respetando el principio de soberanía popular, la Comisión Internacional Contra la Impunidad y la Corrupción (CICIH), solicitada ya por nuestra Presidenta, debe hacer las revisiones e investigaciones que sean necesarias.

-Reducir la tarifa por Administración y Custodia de Valores Gubernamentales pagada al BCH que representa aproximadamente 672.8 millones de lempiras para el 2022.

-Reducir los cupones de los bonos emitidos a favor del BCH que actualmente pagan cupones por L1,621.5 millones y pasarían a L1,118.0 millones que representan un ahorro de L503.2 millones, para 2022.

-Eliminar el monto de salario que exceda lo asignado en el presupuesto para la Presidenta de la República, que es este salario de 137,600 lempiras de salario nominal. Pero que aplicadas las deducciones por 41,849.46 lempiras le queda un salario neto de 95,750.54 lempiras. La medida debe aplicarse a todos los funcionarios del Estado, sin excepción, modificando de ser necesario la legislación especial.

-Instruir a las secretarías de Estado e instituciones desconcentradas, para que identifiquen todos los bienes públicos fuera de uso y tramitar a través de la Dirección de Bienes del Estado.

-Auditar y determinar todas las aperturas ilegales y los ajustes que se hicieron al SIAFI para transacciones financieras y pagos irregulares no presupuestados del 28 de noviembre del 2021, al 26 de enero del 2022.

-Declarar la ENEE como patrimonio nacional propiedad del pueblo hondureño para salvaguardar su derecho a disponer del servicio público de la energía, que no pueda ser vendida, transferida o privatizada.

-Ratificar que los abonados que consumen hasta 150 kilovatios de energía con los correspondientes filtros, tendrán este servicio gratuito. 1 millón 350 mil abonados están en este rango y el costo actual de ese beneficio alcanzará aproximadamente 3,894 millones de lempiras anuales.

-Declarar lesivo para el Estado de Honduras y el pueblo hondureño el contrato de EEH que se comprometió a reducir pérdidas al 15% y están en el 38%.

-Establecer un plan de pago de la deuda con los empresarios generadores de energía a la par de la revisión de los contratos y la fijación de un pago justo y acorde al mercado de la región.

-Licitar nacional e internacionalmente la contratación de energía para la ampliación de la cobertura a través de paneles solares.

-La ENEE debe presentar en los próximos 30 días un plan de reducción de pérdidas para iniciar su implementación con el recurso humano disponible en el área de distribución.

-Revalorizar los activos de la empresa y establecer el derecho preferente del Estado de Honduras, vencidos los contratos de concesión del aire, el agua y el sol.

-Reformar a Ley de la Industria Eléctrica y ordenar administrativa y contablemente la generación, distribución y transmisión.

-Financiar la construcción, buscar los recursos para la reconstrucción fallida de la Represa Jicatuyo y Los Llanitos y la generación térmica sobre el espejo de agua de la Represa Hidroeléctrica El Cajón.

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