El excoordinador del fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional (“Tasón”), Juan Ramón Molina, aceptó ante la Corte de Florida en Estados Unidos haber obtenido pagos ilícitos de empresas proveedoras de uniformes policiales durante su gestión.
Molina fue uno de los testigo presentados por la Fiscalía estadounidense en el jucio contra el empresario Carl Zaglin por liderar una red de corrupción transnacional que pagó más de 10 millones en sobornos entre 2015 y 2019. El juicio cerró este miércoles tras seis días.
El empresario hondureño, quien se declaró culpable en 2024 de recibir sobornos y lavar activos a través de empresas de papel, confirmó ante la corte haber recibido dos millones de dólares en pagos ilícitos, de los cuales utilizó 200.000 para su seguridad personal.
Dijo haber obtenido al menos 114.000 dólares en transferencias ilícitas canalizadas desde Estados Unidos hacia una sociedad bajo su control en Belice. “Sé que lo que hice no estuvo bien en ese entonces (…). Quiero cerrar este capítulo de mi vida”, declaró.
Según documentos judiciales, el dinero provenía de ejecutivos de empresas proveedoras de uniformes policiales que buscaban asegurar contratos millonarios con el gobierno hondureño. Molina permanece en libertad bajo fianza y su sentencia está programada para el 29 de septiembre de 2025 ante la jueza Melissa Damian.
El caso se originó en diciembre de 2023 cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Carl Zaglin, su socio Aldo Néstor Marchena y el exfuncionario hondureño Francisco Roberto Cosenza de conspirar para pagar sobornos a funcionarios de la Tasa de Seguridad, violando la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).
La acusación sostiene que entre 2015 y 2019 se pagaron sobornos por más de 10 millones de dólares, disfrazados como pagos comerciales y lavados a través de bancos en Estados Unidos y Belice.
El juicio cuenta con al menos 17 testigos hondureños, incluyendo exfuncionarios y empresarios presuntamente involucrados en el esquema. La Fiscalía ha presentado más de 700 pruebas documentales, entre ellas correos electrónicos, contratos y registros bancarios que vinculan directamente a Zaglin con el esquema de corrupción.
El testimonio de Molina fortalece la narrativa de la Fiscalía de que Zaglin encabezó una red de corrupción transnacional, llevando el proceso a una fase decisiva que podría sentar precedente en la lucha contra el soborno internacional.
