La crisis económica y fiscal que advierte el Gobierno podría llevar a fijar el salario de los altos funcionarios e incluso revertir los beneficios de prestaciones en cargos de confianza otorgados por al anterior administración, opinan los economistas.
Liliana Castillo, ex presidenta del Colegio de Economistas de Honduras (CHE), se refirió a los aumentos registrados en el Banco Central y otras entidades públicas, generados por los contratos colectivos en esas instituciones.
Sin embargo, recordó que los puestos de confianza “queda a discreción de la máxima autoridad si hace el ajuste o porcentaje de ajuste a estos empleados de confianza”.
En el caso del BCH, sostuvo que “en una de las administraciones se congelaron sueldos por cuatros años a los altos funcionarios y en otra de las administraciones solo se daba un ajuste por costo de vida y a los demás empleados se les daba costo de vida más en la justo por merito, que normalmente se considera para este tipo de ajuste salarial. Pero también hay que aclarar que en este momento hay varias instituciones no solamente está el Banco Central”.
Hay varias instituciones que están tomando como referencia los ajustes del Banco Central y que no necesariamente están amparados por contrato colectivo. Entre los entes que revisarán su salario están: la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, INVEST-Honduras. Están también muchas desconcentradas, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, BANHPROVI, la Empresa Nacional Portuaria y todas las descentralizadas que se rigen por este contrato colectivo.
“Pero en esta época de crisis realmente lo que debe de haber es una austeridad y eso tuvo que haberse revisado desde que inició está pandemia cuándo se determinó que hubo mucho desempleo, llegando a 10.9% el desempleo abierto y muchos países tomaron estas medidas de austeridad. Aquí en nuestro país no se vio eso y lo que seguimos observando es ese aumento a veces desproporcionados en los sueldos y salarios”, lamentó la economista.
Para Castillo se requiere una decisión política a nivel nacional para imponer una estandarización de salarios que tome en cuenta los méritos y la experiencia, entre otros factores.
¿Qué hará el Gobierno?
Para Luis Guifarro, también ex presidente del CHE, es factible controlar los aumentos y beneficios, en especial para el personal de confianza, pero se necesita una propuesta desde el Gobierno.
“Yo diría que en este momento como que transitamos una coyuntura de falta de definición por parte del gobierno que no miramos con claridad si hay intención de formular el presupuesto, por el lado también de lo que es la política tributaria, pues solo se ha escuchado de algunas acciones de carácter aislado”, reclamó.
El tema de los salarios ya es una necesidad, agregó, pero tampoco encontramos en esa parte una declaración que tenga que ver con una política que debe adoptar el gobierno. Reconocemos que hay una marcada diferencia o asimetría en los salarios públicos, por una parte encontramos salarios bastantes altos o muy altos y salarios que están promediando quizás el salario mínimo o arriba del poquito de salario mínimo.
“Esto nos lleva a que un contexto de crisis financiera, como si lo han dado entender las nuevas autoridades, pues por lo menos debería ya tenerse alguna idea de si finalmente el gobierno aplicará una política de racionalidad en el uso del gasto público para hacerlo más eficiente eliminando el personal supernumerario que no tienen asignaciones específicas, como se le conoce a los que son los que se conoce como paracaidismo”, añadió.
También se debería hablar de topes salariales, muchos países de América Latina ya han establecido disminuciones salariales para determinado rango y no se permite porque ninguno funcionario en todo caso el personal de confianza gane, por decir algo, más arriba de unos 7 o 10 salarios mínimos.