La ampliación presupuestaria incorpora los gastos del plan social de la actual administración
El Congreso Nacional aprobó un aumento de endeudamiento de 2.000 millones de dólares (más de 49.000 millones de lempiras) al Presupuesto General de la República 2022, a través de la declaratoria de “Estado de emergencia fiscal y financiera del sector público” establecida en el Decreto 8-2022, publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
La declaratoria de emergencia, que según la Ley debe ser aprobada por el Poder Ejecutivo, es para “atender de manera integral y responsable la crisis fiscal y financiera heredada del Gobierno anterior a fin de restablecer su equilibrio y reactivar el crecimiento
económico sostenible”.
El Presupuesto General de la República para 2022, supera los “308.233 millones de lempiras”. Ahora, de no aprobarse una readecuación del gasto, superaría los 358.000 millones, un aumento del 15,89%.
El decreto señala que la administración anterior aumentó la deuda pública a “US$.15,679.2 millones en 2021 (equivalente a L.381,716.4 Millones)”. Aún así, el Presupuesto General “no incorpora todos los gastos que impactan en las Finanzas Públicas, lo que impide una adecuada planificación y ejecución de los programas y proyectos del Gobierno”.
Entre los gastos faltantes, el documento señala: “el total del servicio de la deuda pública (en el 2022 alrededor de L.3.500.0 millones en intereses y comisiones de la deuda)”, además de deuda flotante (cuentas por pagar) del Gobierno Central y la ENEE, Gastos y Deuda de las Municipalidades y Contingencias Fiscales (…). Además de los acuerdos y contratos firmados en diciembre del 2021, contratos de empleados de salud (más de 16.000 plazas) y maestros Proheco.
Destacan que la proyección de ingresos tributarios (118.721 millones de lempiras”, “es insuficiente para cubrir el gasto presupuestado (…)”, y que el 102% de los ingresos tributarios (unos 120.000 millones de lempiras), serán utilizados para el pago de sueldos y salario y servicio de la deuda (amortización, comisiones e intereses).
Por ello y “para hacer frente al pago del resto de las obligaciones y gastos (inversión, medicamentos, subsidios transferencias a los
Municipios, universidades, etc.), debiendo adoptar medidas extraordinarias y recurrir al endeudamiento”.
En el artículo segundo, el Congreso autoriza a la Secretaría de Finanzas (SEFIN), para que “en caso de ser necesario durante el Ejercicio Fiscal 2022 y 2023, realice la contratación directa de préstamos internos o externos, reasignación de recursos externos disponibles, colocación de títulos de deuda en el mercado doméstico o internacional y otras operaciones de crédito público”, “hasta por un monto de dos mil millones de dólares (US$ 2,000,000,000.00)” adicionales al monto de endeudamiento autorizado en el Artículo 1 del Decreto No.107-2021 (Ley del Presupuesto 2022)“.
El Presupuesto de la Administración Central de este año, aprobado en diciembre anterior, es de 179.522 millones de lempiras, financiado con deuda interna y externa por más de 51.400 millones de lempiras. Ahora se sumarían 49.000 millones en ese renglón.
A pesar del aumento, el el Decreto 8-2022 se asegura que se mantendrá el techo máximo de endeudamiento (del sector público No financiero) de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) y su Cláusula de Excepción, de 55% en relación al PIB. y una concesionalidad ponderada mínima de la cartera de deuda externa total vigente de veinte por ciento.
Financiar el plan social de la Presidencia
Entre los considerandos del Decreto se incorporan en el nuevo endeudamiento, parte de las promesas de la Presidenta Xiomara Castro.
“A fin de brindar atención a las necesidades básicas contenidas dentro del Programa Social del Gobierno dentro de las cuales se encuentran el subsidio total de energía para todas las familias que consumen hasta 150 kilovatios hora; rebaja en el precio del galón de los combustibles; matrícula gratis, merienda escolar y medidas de bioseguridad; bono tecnológico; subsidios al gas licuado de petróleo (GLP); reparación de centros educativos; reconstrucción de infraestructura pública afectada por los fenómenos de ETA e IOTA, proyectos de generación de empleo y otros prioritarios para la población y con ello estimular la inversión y reducir la pobreza, lo cual se pretende lograr, entre otras medidas, mediante la aprobación del presente Decreto”, destaca la reforma.
La “emergencia” permitirá acceder a fondos del Banco Central de Honduras, según el artículo 40 de ese ente, aunque el mismo señala que los fondos deben ser aprobados primero por el Directorio y con el aval de la Presidencia de la República.
