El Director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marco Zelaya, informó que al menos 190 millones de lempiras de las cuentas de la institución están en proceso de embargo, de los cuales 90 millones de lempiras han sido “ejecutados”.
El funcionario responsabilizó a ex funcionarios de la OABI y denunció posible “colusión” con operadores de justicia.
“En este momento tengo que informar al pueblo hondureño que tenemos embargo ejecutados de cerca de 90 millones de lempiras y todavía en proceso más de 100 millones debido a la negligencia que hubo en su momento por parte de quienes dirigieron esta institución y una colusión con algunos profesionales derecho y posiblemente, digo posiblemente con algunos operadores de justicia”, declaró.
Aseguró que ya presentaron las denuncias y esperan la respuesta por parte de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General.
“Nosotros estamos tomando cartas sobre el asunto, presentando las denuncias y a la espera de que la autoridad pues haga los procesos de investigación y nada que concluya presentar las acusaciones en contra de estos hondureños y ex funcionarios que lamentablemente dilapidaron y pretenden todavía dilapidar los fondos del Estado a través de demandas”, añadió.
Los millonarios embargos tienen paralizado las transferencias presupuestarias de Finanzas a la OABI.
“La partida que se eroga por parte de SEFIN a OABI son cerca de 10 millones, pero en este momento no hemos podido recibir debida de que esté embargada la cuenta única de OABI y eso ha sido uno de los problemas que hemos tenido para poder operar de forma correcta”, apuntó.
El embargo de las cuentas de la OABI no es nuevo. El junio del año pasado, la Comisión Interventora nombrada por el Ejecutivo denunció a un juez de Tocoa por ordenar el embargo de una cuenta bancaria de la institución.
La comisión interventora detalló que el embargo surgió el 21 de noviembre de 2018 cuando un grupo de empleados del Centro Médico de Atlántico demandó a la OABI por 35 millones 472 mil 990 lempiras.
El ex comisionado Rigoberto Portillo dijo que el Juzgado de Tocoa admitió la demanda y por no encontrar al representante legal de la, “el juez nombró un representante para la OABI que sólo se dedicó a llenar el formulario, pero que no hizo ninguna acción de oposición”.
La Corte de Apelaciones de La Ceiba el 19 de abril del 2023 remitió la resolución confirmando el fallo contra la OABI.
