Los miembros del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh) solicitaron a la Comisión de Dictamen para la socialización de la Ley de Justicia Tributaria, que se conozca el impacto social, político y financiera de la reforma fiscal.
El Fosdeh fue el primero de una docena de organismos e instituciones que participarán en el debate de las reformas, previo a su presentación y “discusión” en el Congreso.
Aunque coincidieron con la necesidad de la reforma tributaria en el país por la gran cantidad de exoneraciones y exenciones fiscales para “pocas empresas”, los analistas del Fosdeh advirtieron que se debe sopesar el impacto de las medidas que ya provocan una polarización con el sector empresarial y político.
“Reconocemos lo importante de abordar tema fiscal, revisar las exoneraciones pero en niveles de gradualidad para disminuir la polarización política. Necesitamos propuestas técnicas de medición de impacto no solo en la recaudación sino que en la estabilidad del país”, declaró.
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Señaló que tranquiliza el anuncio del Gobierno que esa medición de impacto está acompañada por técnicos del BID y el FMI, ya que se deben revisar todas las aristas como la perspectiva de empleo, recaudación, ordenamiento del mal manejo de las exoneraciones, manejo de la información por parte del SAR, entre otros.
“¿Es necesaria Ley de Justicia Tributaria? Sí, de hecho, nosotros creemos y ha sido una bandera de lucha del FOSDEH, en los últimos 15 o 20 años, porque creemos que de las 300,000 empresas que hay en el país aproximadamente, unas 3,700 se han acogido a estos regímenes y así como hay empresas que han usado muy bien las exoneraciones, hay otras que dejan mucho que desear, entonces hay que corregir el problema”, apuntó.
Aclaraciones sobre remesas, impuestos y energía
Durante la reunión con diputados y miembros del Servicios de Administración de Rentas (SAR), las autoridades expusieron que se hicieron unas 15 modificaciones a la propuesta inicial, manteniendo que no se aplicarán nuevos impuestos (excepto el cambio de renta territorial a mundial).
Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso, reiteró que en el caso del secreto bancario “no se está quitando el secreto bancario, eso se mantiene, pero lo que si se hará es establecer los mecanismos que garantizar que la información tributaria se maneje de forma muy confidencial”.
Se explicó que las remesas siguen protegidas de cargas fiscales ya que la ley actual las considera donaciones, y que el sector de energía, así como el sector maquilador y servicios, mantiene los beneficios otorgados ya sea a través de regímenes especiales o contratos APP.
Marlon Ochoa, director del SAR, sostuvo que no hay ningún impuesto en la reforma y que se agregará en la Ley, un protocolo especial para el acceso a información bancaria con fines fiscales.
Sobre el impacto fiscal de la reforma, la estima preliminarmente en menos de 1% del PIB (entre 0,3% y 0,8%), una cifra baja si se considera que el SAR ha estimado las pérdidas por cálculos de tributación en más 50.000 millones de lempiras en los últimos años.
Durante la reunión los miembros de la Comisión de Dictamen se mostraron receptivos y unificados en las consultas y posiciones.
