Tres funcionarios importantes de la administración de Xiomara Castro fueron confirmados en la Lista Engel que emite anualmente el Departamento de Estado de Estados Unidos, bajo la Sección 353(b) – Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador). Este año se agregó a Nicaragua en el informe 2022.
La lista fue filtrado el fin de semana anterior y confirmada el martes anterior a Dinero HN. El Gobierno rechazó el informe y lo calificó de “injerencista” por parte de EE UU.
La sección 353(b) requiere la presentación de un informe que identifique a personas extranjeras que el Presidente ha determinado que han participado a sabiendas en acciones que socavan los procesos o instituciones democráticos; en corrupción significativa; y en la obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción.
Bajo la Sección 353, las personas extranjeras identificadas en el informe presentado al Congreso generalmente no son elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos y cualquier visa actual será revocada inmediatamente y cualquier otra visa válida o documentación de entrada cancelada. De conformidad con la Sección 353(g), este informe se publicará en el Registro Federal.
De los 15 hondureños incluidos son tres con cargos importantes actuales que ha sido “desvisados” o que no podrán viajar a EE UU. Se trata de los Vicepresidentes del Congreso Nacional, Rasel Tomé y Edgardo Casaña, además del asesor Presidencial, Enrique Flores Lanza, ex ministro de la Presidencia de la gestión de Manuel Zelaya Rosales.
Los señalamientos del Departamento de Estado son los siguientes:
Rasel Antonio Tomé Flores, Vicepresidente del Congreso, “incurrió en una importante corrupción cuando usó su cargo como Presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para malversar aproximadamente $327,000 de fondos públicos”.
Tomé fue condenado en 2019 a tres años de cárcel por abuso de autoridad en la adjudicación ilegal de un canal de televisión mientras estuvo al frente de Conatel.
En 2019, la Sala IV del Tribunal de Sentencia por unanimidad de votos, condenó a los tres magistrados de Conatel: Rasel Antonio Tomé, Gustavo Lara López y Edwin Torres Cruz, por el delito de abuso de autoridad. Como consecuencia del fallo los ex comisionados fueron condenados también a las penas accesorias de inhabilitación especial por seis años el doble del tiempo de la condena así como a la interdicción civil por el tiempo que dure la condena.
Sin embargo, la Amnistía aprobada por el actual Congreso Nacional, favoreció a Tomé
Edgardo Antonio Casaña Mejía, también Vicepresidente del Congreso, “incurrió en una importante corrupción al reestructurar indebidamente el Instituto Nacional de Pensiones de los Maestros para destinar más de $5 millones en beneficios a aliados políticos y electores, con el fin de asegurar votos y mantener el poder político”, dice el informe.
Por ese caso, Casaña fue condenado por la justicia hondureña en diciembre de 2021 e inhabilitado para ocupar cargos públicos durante seis años, pero la Corte Suprema le autorizó a tomar posesión como congresista. Casaña se defendió reiterando que los $5 millones fueron destinados a un incremento en las pensiones de 20.000 maestros jubilados en 2010.
El tercer funcionario es Enrique Alberto Flores Lanza, Ministro de la Presidencia de 2006 a 2009, “incurrió en una importante corrupción al recibir $2 millones en dinero público del Banco Central de Honduras y redistribuirlo indebidamente entre aliados políticos”.
Este es el caso del “carretillazo” que hasta fue filmado en video en las que quedó grabado cómo se sacó el dinero de la caja de seguridad del BCH. Flores Lanza ya admitió en 2014 al canal de televisión Televicentro haber recibido $2,5 millones del Banco Central para contratar personal y comprar materiales destinados a ese referéndum, conocido como “la cuarta urna” y detonante del golpe de Estado que depuso a Zelaya el 28 de junio de aquel año.
El asesor presidencial tuvo orden de captura internacional durante los últimos siete años y solo pudo regresar al país con el polémico decreto de amnistía impulsado por Libre para, en teoría, amparar a presos o perseguidos políticos tras el golpe de 2009, pero que en la práctica protege de cargos de corrupción a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya.
