Congreso nombra comisión de dictamen para Ley de Justicia Tributaria

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El presidente en funciones del Congreso Nacional, Luis Redondo, nombró la comisión de dictamen para la Ley de Justicia Tributaria tras recibir el proyecto del Poder Ejecutivo que es rechazado por el sector privado del país que lo considerada un “paquetazo”.

La Comisión Legislativa esta integrada por las distintas fuerzas políticas en el Congreso y la conforman: Hugo Noé Pino (preside), Ramón Barrios, Ligia Ramos, Carlos Raudales, Silvia Ayala, Jorge Zelaya, Samuel García, Karen Martínez y Mario Segura. 

Redondo reiteró que socializará el proyecto de Ley con sectores de la sociedad y el análisis de la comisión de dictamen. Sin embargo, opinó que “Hay muchas de las personas que escuchan hoy que ganan un salario mínimo y pagan más impuestos que muchos que se han valido en las exoneraciones. ¿Acaso eso es justo? ¿Acaso es justo que nosotros hayamos entregado el país años tras año para que quien pague impuestos, para que quien sostenga ese presupuesto que es raquítico año con año sean únicamente los que verdaderamente pagan impuestos y que otros que se beneficiaron por cualquier asunto político o no, no paguen nada de impuestos?”.

Hay que destacar que el actual presupuesto de la república no es “raquítico”, ya que supera los 392.000 millones de lempiras.

El diputado adelantó que la socialización incluirá “audiencias que vamos a programar sean televisadas, que todas las opiniones que puedan venir a este poder del Estado dejen de ser notas de análisis y cosas, sino que de propuestas concretas por todos los sectores”.

El proyecto es impulsado desde la Presidencia como un paquete de reformas para reducir las exoneraciones fiscales y aumentar los ingresos tributarios. Sin embargo, la campaña informativa desde el Servicio de Rentas (SAR), incluye fuertes señalamientos al sector privado que incluyen evasión fiscal, defraudación y “relaciones con el narcotráfico”.

El sector privado, incluso ex funcionario de la actual administración, advierten que el impacto de las reformas reduciría la inversión y elevaría el desempleo y los ingresos tributarios.

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