Vía twitter, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Olivia, respondió a las protestas generalizadas en contra del nuevo Código Procesal Penal, publicado el pasado martes.
Aunque los medios de comunicación lideran la protesta popular por reformas que “violentan la libertada de expresión”, fueron los empresarios quienes reclamaron la inclusión de la figura de “La responsabilidad penal de las personas jurídicas”.
Esta figura es la más usada en el nuevo Código y se menciona en 21 delitos, además permite la intervención estatal en empresas, disolución de las mismas y acusaciones contra directivos y representantes.
Declaraciones vía twett
Usando las redes sociales, curiosamente una de las actividades que será restringida en el nuevo Código, los empresarios protestaron por la nueva figura legal y sus alcances.
“Mi compromiso como presidente del Congreso es siempre escuchar a las partes interesadas, y agotar todas las instancias en proceso de socialización, antes de que una norma entre en vigencia. E incluso ya vigente, las modificaciones son posibles en el marco de la ley”, señaló Mauricios Olivia en su cuenta personal de twitter.
Inmediatamente, le respondió el presidente del Cohep, Juan Carlos Sikaffy: “Agradecemos la apertura el CN (Congreso Nacional), para escuchar las propuesta del sector privado, confiamos en que se realizarán las reformas al Código Penal que garanticen la convivencia democrática, libertad de expresión y que promuevan el desarrollo económico”.
Para el director de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), Rafael Medina, la reforma penal tiene alcances que ameritan una revisión exhaustiva por parte de los abogados.
“Nosotros responsablemente estaremos haciendo una posición ya que nuestros abogados leen y comparan ambos códigos para la explicación a los empresarios y a la población en general”, señaló.
“Yo creo que la responsabilidad va hacia los dueños de las empresas, es una nueva forma de ver los delitos antes no había la responsabilidad penal por parte de personas jurídicas o por partes de terceros”, agregó.
Aunque la figura ya existe en varios países, reconoció, debe ser consensuada y de incluirse delitos deben ser tratados como establece la normativa internacional en la lucha contra la impunidad y la corrupción.
De similar forma se manifestó el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), Jorge Faraj, quién lamentó que el Congreso que en la “socialización del Código Penal no se hayan considerado las observaciones de la empresa privada”.
“Recomendamos una revisión porque lo aprobado atenta contra el derecho constitucional de la libertad de expresión y debilita la lucha contra la corrupción”, señaló en un tweet.
