La oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), dio a conocer un informe sobre las vulneraciones a los derechos de los obligados tributarios en el país. Entre las principales denuncias se encuentra la falta de acceso a justicia y al debido proceso, con especial impacto en el sector empresarial.
Karol Cerrato, coordinadora de la Defensoría Especial de Protección al Obligado Tributario del Conadeh, explicó que la modalidad violatoria de derechos humanos, más frecuente, es la presunta vulneración del derecho de acceso a la justicia y al debido proceso legal, que representa el 33% de los casos registrados.
“Este problema refleja una preocupación significativa en cuanto a la falta de acceso efectivo a las instancias correspondientes y la obstrucción de los procedimientos legales para la defensa de los obligados tributarios”, dijo.
La dilación indebida en la tramitación y respuesta a las peticiones de los obligados tributarios ocupa el segundo lugar entre las modalidades violatorias de los derechos humanos, con el 26% de las quejas, que demuestra la falta de celeridad administrativa y la vulneración de los plazos establecidos en la normativa tributaria para que la institucionalidad atienda, brinde respuesta o resuelva sus peticiones.
Otras de las quejas, son la omisión de respuesta a las peticiones de los obligados tributarios, el ejercicio indebido del servidor público, rechazo infundado de peticiones, abusos de autoridad, retardo injustificado de un auto, resolución o fallo, retención ilegal y arbitraria, retardo en la admisión de un recurso, inadmisión de peticiones invocando formalismos, confiscación y negación de descuento especiales.
La falta de respuesta dentro de los plazos establecidos, las dilaciones indebidas y la falta de motivación en los actos administrativos afectan de manera directa el ejercicio de los derechos fundamentales de los obligados tributarios, vulnerando principios constitucionales y normativas internacionales de derechos humanos, declaró.
El informe señala que el 54% de las denuncias son contra el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y la Administración Aduanera con el 46% de los casos. Mientras las personas jurídicas constituyen el 56% de las quejas y el resto (44%) las personas naturales.
Cerrato señaló que, de acuerdo con la normativa nacional e internacional que protege los derechos de los obligados tributarios, es imperativo que el derecho de petición, el derecho de defensa, y el derecho al debido proceso legal sean garantizados en todo proceso administrativo, esto incluye la obligación de la Administración Tributaria y Aduanera de emitir sus resoluciones dentro de los plazos establecidos por la ley.
A diciembre del 2024 el número de contribuyentes aumentó a tres millones 530.045 obligados tributarios. La funcionaria hizo un llamado al público y empresas ha presenar sus denuncias y a las autoridades fiscales le recomendó dar respuesta a los reclamos para que las empresas operen dentro de un marco de legalidad y transparencia.
