Aún se desconoce quien sería el operador privado
Con un capital de 150 millones de lempiras proveniente de deuda externa del fondo de emergencia por Covid-19, Decreto Legislativo 33-2020, el Gobierno aprobó la creación de una “sociedad mercantil anónima unipersonal” que administrará los tres aeropuertos de la zona norte del país.
Mediante decreto Ejecutivo PCM-084-2020, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 29 de agosto, el Gobierno autorizó a la Procuraduría General para constituir a a Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuario S.A. (EIHSA), para que administre los aeropuertos de San Pedro Sula, Roatán y La Ceiba.
La nueva empresa estatal empezará a operar a partir del 28 de septiembre, cuando vence la actual concesión (con Aeropuertos de Honduras), y será presidida por un funcionario de la Secretaría de infraestructura (INSEP), posiblemente el ministro.
SEIHSA firmará un contrato de gestión, administración y operación de los tres aeropuertos con INSEP.
Según el decreto la sociedad estatal es de carácter temporal, aunque no se establece fecha de terminación, y se autoriza por la falta de tiempo para una licitación internacional. Tendrá como sede Tegucigalpa, a pesar que las operaciones serán en la zona norte, pero se habilitará abrir oficinas o sucursales “en cualquier lugar” del país.
Deuda externa del covid
El decreto en su artículo 2, inciso B, se refiere al capital de la empresa. “La sociedad se constituirá con un capital fijo de ciento cincuenta millones de lempiras (L. 150,000,000.00), por lo que se instruye a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) a realizar la asignación presupuestaria a la Secretaría de Estado en losDespachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) con financiamiento proveniente de los recursos autorizados por Decreto Legislativo 33-2020“.
Una vez que INSEP presente la programación de la ejecución del presupuesto ante Finanzas se procederá con la asignación.
Sobre la forma de administración se indica que la sociedad estará administrada por un Consejo de Administración constituido por cinco (5) miembros propietarios y suplentes, representativos de las siguientes instituciones:
Secretaría de Estado en el Despacho deInfraestructura y Servicios Públicos (INSEP), quien fungirá como Presidente del Consejo; b. Secretaría de Estado en el Despacho deRecursos Naturales y Ambiente; c. Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad; d. Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo; e. Secretaría de Estado en el Despacho de Promoción de Inversiones, quien fungirá como Secretaria del Consejo.
Sin operador ni meta de ingresos
La aprobación gubernamental no señala quien sería el operador internacional de las terminales (requisito internacional) y tampoco establece metas de ingresos.
Leo Castellón, Superintendente de Asociaciones Púbico Privadas (SAPP), aseguró que en el operador sería a través del “BID (Banco Interamericano de Desarrollo) que está apoyando en esa parte del proceso”.
Sobre las metas económicas no se ofrecieron detalles.
El expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) Betancourt, José María Betancourt, el tema de ingresos debe ser central ya que el país podría perder unos 195 millones de lempiras anuales en ingresos aeroportuarios.
El empresario señaló que “los cuatro aeropuertos han generado ingresos por más de 3.700 millones de lempiras durante la concesión, y ahora no se recibirá nada por Toncontín, que se regaló a Palmerola (Grupo Emco), y los otros tres quedarían bajo la débil administración del Gobierno”.
Betancourt opina que la empresa privada nacional puede hacerse cargo de las terminales y que el Gobierno debió concentrase en asegurar que se mantuviera el ingreso monetario por las operaciones y fijar metas de inversión en mejoras.
