Mediante decreto ejecutivo (PCM-029-2020), el gobierno creo la figura del Comisionado especial para la atención de emergencia COVID-19, encargado del control total de las compras y gastos por la emergencia del coronavirus.
Nombrado por el Ejecutivo, el cargo recayó en el canciller Lisandro Rosales, quien “podrá girar instrucciones en el marco de la crisis a otras instituciones a fin de requerir cualquier tipo de recursos logísticos, personal, o cualquier otro, principalmente para vigilancia epidemiológica y la organización de la atención sanitaria”.
El acuerdo, publicado en La Gaceta, señala en su Artículo 4. que “La ejecución de compras relacionadas con la crisis COVID-19 serán realizadas por Secretaría de Estado en el Despacho de Salud (SESAL), Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-Honduras) y la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), amparado en el Decreto Legislativo número 31-2020, publicado en el Diario Oficial de la República “La Gaceta” en fecha 13 de marzo, 2020″
“Debiendo contar a partir de la vigencia del presente Decreto Ejecutivo, con la autorización del Comisionado Especial de Atención a la Emergencia COVID-19“.
El presupuesto actual autorizado para la pandemia oscila entre 3,800 y 4.700 millones de lempiras, según Finanzas.
Con esto, los entes que compran bienes, servicios y contratan personal, deberán pedir permiso a Rosales, además que el presupuesto, mobiliario, equipos, materiales y gastos indispensables, del Comisionado para cumplir los objetivos de su misión serán sufragados por Salud, Invest-H y Copeco.
Superpoderes por emergencia
“Los Secretarios y Subsecretarios de Estado, Presidentes, Vicepresidentes, Gerentes, Subgerentes, Directores, Subdirectores, Comisionados, Subcomisionados, Titulares de los entes Descentralizados y Desconcentrados del Poder Ejecutivo quedan sujetos a las instrucciones que les comunique el Comisionado Especial de Atención a la Emergencia COVID-19″, señala el artículo 3 del acuerdo Presidencial del Consejo de Ministros.
Se autoriza bajo este mecanismo, la contratación de los equipos de respuesta rápida y el empleo de los recursos humanos de otras entidades públicas en la atención de esta emergencia.
Asimismo, la compra de equipos de bioseguridad, pruebas rápidas, laboratorios, dotando a los equipos de respuesta y personal sanitario para identificación inteligente posibles casos.
Rosales también coordinara las mesas de trabajo para atender la pandemia invitando a representantes del Congreso Nacional, del Poder Judicial, de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) y de otras instituciones descentralizadas.
Además debe invitar a instituciones del sector privado como el FONAC, COHDESSE, incluyendo las cooperativas, el COHEP, la Asociación Hondureña de Maquiladores, a la Industria farmacéutica y otras instituciones u organizaciones no gubernamentales.
“Esta nueva estructura para atender esta emergencia nos garantiza que exista un mando unificado para la toma de decisiones, mayor coordinación, planificación y sobre todo asegurar respuestas rápidas ante los efectos del avance de la pandemia”, dijo el presidente Juan Hernández, en una comparecencia pública.
