El sector privado de Honduras expresó este jueves su “profunda preocupación” por la decisión del Gobierno de dar por terminado el tratado de extradición con Estados Unidos y urgió a las autoridades a “reconsiderar” la medida, pues considera que pone en “grave riesgo” la seguridad y las relaciones bilaterales.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) manifestó en un comunicado su “rechazo” ante la decisión de eliminar el tratado bilateral de extradición, una medida ordenada el miércoles por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
“Esta acción tomada de manera precipitada y sin un análisis adecuado pone en grave riesgo la seguridad, la estabilidad económica, los empleos y nuestras relaciones internacionales, en especial con nuestro socio comercial más importante”, subrayó.
Aseguró que es “profundamente preocupante” que el gobierno hondureño “haya tomado una medida tan drástica” en respuesta a las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, Laura Dogu, quien expresó el miércoles la preocupación de su país por la reunión de autoridades de Defensa de Honduras con el sancionado ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.
El Cohep, la principal cúpula patronal de Honduras, señaló que existen “múltiples mecanismos diplomáticos para resolver diferencias y expresar desacuerdos”.
Urgió a las autoridades de Honduras a “reconsiderar” su decisión de dar por terminado el tratado de extradición, anteponiendo los intereses de la nación, y utilizar “el diálogo y la diplomacia” como herramientas adecuadas para salvaguardar la prosperidad y estabilidad del país.
El tratado de extradición con EE.UU. es un acuerdo “esencial” en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, y denunciarlo envía “un mensaje preocupante” a la comunidad internacional y “pone en entredicho nuestro compromiso con la justicia y la cooperación global”, enfatizó el sector privado de Honduras.
“El fin de este tratado debilita nuestras instituciones de justicia, exponiendo al país a convertirse en un refugio para criminales y afectando negativamente la inversión extranjera, el empleo y la seguridad de los ciudadanos”, enfatizó.
El sector privado hondureño aseguró que la ruptura de un acuerdo de cooperación para el combate al narcotráfico “solo traerá consecuencias negativas para el desarrollo sostenible y la seguridad de todos los hondureños”.
