Juan Ramón Molina, coordinador del Fideicomiso, era representante de compañía contratada
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) informó que presentó dos denuncias por los gastos en la compra y mantenimiento del avión presidencial “usado”, adquirido a través de la Tasa de Seguridad Poblacional. La primer denuncia fue ante el Ministerio Público y la otra en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
El informe investigativo: «Avión presidencial: el despegue del saqueo a una nación», presenta las altas erogaciones de dinero relacionadas a la compra, uso y mantenimiento de la aeronave, “y que en 2015 evolucionó en un mecanismo para realizar actividades financieras irregulares nacionales e internacionales”.
El martes anterior el CNA presentó un análisis del uso de recursos de la Tasa de Seguridad durante los últimos 10 años, incluyendo la compra del avión presidencial y donaciones de Taiwán por 7.9 millones de dólares, para ese fin. Taiwán habría donado más dinero para la compra con un cheque de 1.3 millones de dólares.
En total Taiwán más de 31 millones de dólares a la Tasa de Seguridad, pero el destino de los fondos no se encuentra detallado.
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La denuncia del CNA involucra a militares por recibir “pagos de viajes sin liquidar” por más de 11 millones de lempiras, y a Juan Ramón Molina, coordinador del Fideicomiso para la Administración de la Tasa de Seguridad Poblacional por su relación con la empresa Sky Max Leasing Corp, contratada para “operaciones especiales internacionales” y que recibió cuatro pagos por un valor total de 7.9 millones de lempiras.
“El señor Juan Ramón Molina, en su condición de coordinador del Fideicomiso para la Administración de la Tasa de Seguridad Poblacional autorizó el pago de siete millones, novecientos ocho mil, ciento sesenta y nueve lempiras con ochenta y
siete centavos (L 7,908,169.87) a la empresa Sky Max Leasing Corp (entre 2015 y 2016) en la cual, posteriormente (2019), se le otorgó un poder general de administración”.
La directora del CNA, Gabriela Castellanos, dijo que la aeronave se adquirió mediante la sociedad mercantil ECC Leasing Company Limited, empresa que comercializa aviones de segunda mano, por lo que el avión Embraer Legacy 600 ya contaba con 2,676 horas de vuelo.
La compra fue directa, de bienes usadas y con anticipo (un millón de dólares), procedimientos que requirieron reformas legales aprobadas por el Congreso Nacional.
El informe detalla que la aeronave se registró como una deuda a cargo del Estado de Honduras, cuando evidentemente se trató de un bien que el Estado adquirió en propiedad, aunque la administración anterior lo anunció como una donación del Gobierno de China, Taiwán.
El Gobierno hizo un pago anticipado de 20,907,300.00 lempiras, y el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) autorizó el desembolso complementario de 276,939,000.00 lempiras.
“Sin embargo, 6 meses y 25 días después de cancelar el pago anticipado por la compra de la aeronave, se creó la cuenta por cobrar, vigente hasta el 30 de diciembre de 2021; situación que demuestra que el proceso no siguió un correcto orden y se gestó de manera arbitraria”, apuntó.
En total, se desembolsaron L 1,077,713,684.68 durante el periodo comprendido del año 2014 al 2022, mismo que incluyó la construcción de un hangar presidencial, mantenimiento y otros gastos relacionados, entre los que destaca los desembolsos para operaciones especiales y directas que ascienden a L 302,269,153.62.
“Para este último indicador, que supera cualquier otro gasto, no existe una clara definición, detalle o alcance del uso de los fondos”, destacó la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC) del CNA.
