La titular del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, denunció de forma pública y ante el Ministerio Público, la compra “irregular” de mobiliario escolar valorado en unos ocho millones de lempiras que fue adjudicado a empresas que ofertaron los mayores precios.
Se trata de la licitación LPN-SE-DIGECEBI-DGA-003-2022 que habría violentado los procesos de la Ley de Contratacion del Estado y donde se señala directamente al “ministro de Educación, Daniel Sponda y a los integrantes de la comisión evaluadora, por los delitos de administración desleal del patrimonio y violación a los deberes de los funcionarios”.
Los miembros de la comisión evaluadora son: Kilver Eveny Carranza Maradiaga, Alvar Alejandro Santos García, y Melvin David Núñez Baca. También implicó al diputado de Libre, Mauricio Rivera, quien aparece en actas como responsable de donaciones del equipo comprado.
En el informe “Derroche injustificado en la compra de pupitres” denuncia que las autoridades deEducación incumplieron con lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y su reglamento en el proceso de “Adquisición y Distribución de Pupitres Unipersonales, Tripersonales y Pizarras para Centros Educativos de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación”, realizado en 2022.
El miembro de la unidad investigativa del CNA, Luis Urbina, acusó que la Secretaría de Educación modificó la cantidad y tipo de mobiliario solicitado en varias ocasiones, aumentando el presupuesto sin justificación. “Inicialmente, se destinaron 15 millones de lempiras para pupitres y mesas, pero el monto ascendió a 41 millones, excluyendo incluso a algunos departamentos como Colón”
Urbina denunció que las autoridades cambiaron el proceso de licitación pública por un procedimiento especial, permitiendo inconsistencias graves en la evaluación. “Finalmente, se gastaron 38.7 millones de lempiras, aunque se pudieron haber ahorrado ocho millones”, apuntó.
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El proceso de licitación incluía nueve lotes que debían ser adjudicados al oferente con el precio más bajo, según lo establecían las bases de licitación. “Sin embargo, los lotes 1, 2 y 3 fueron otorgados a empresas con la oferta más alta, generando un perjuicio por más de ocho millones de lempiras”, agrega el informe.
Se encontraron inconsistencias y falta de claridad en las diferentes etapas de la licitación, a tal punto que, al final “se emitió una resolución con falta de motivación para adjudicar, sin fundamento alguno, los tres lotes a las empresas con precios más altos”.
En el informe presenta documentos oficiales con el mismo correlativo, pero con diferente contenido y fechas, modificaciones en la cantidad, distribución y tipo de mobiliario, así como una evaluación general y poco clara de las ofertas.
“La secretaría pretendió cambiar de una licitación pública nacional a un proceso especial de contratación directa, amparándose en el Decreto Legislativo 30- 2022, considerando que los fondos fueron otorgados por emergencia nacional”, apunta el CNA.
Incluso, Educación solicitó una opinión legal del exministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Edmundo Orellana, pero no se encontró en el expediente la respuesta al oficio.
